Del Estado y la sociedad

Los Estados están entrelazados con sus sociedades respectivas de complejas y variadas maneras; esa inserción conduce a que los rasgos de cada uno de ellos y de cada sociedad tengan un enorme influjo sobre el tipo de democracia posible de consolidarse (si es que se consolida), o sobre la consolidación o fracaso de la democracia a largo plazo. Estas afirmaciones son más bien obvias, pero no hemos seguido adecuadamente sus implicaciones desde el punto de vista de la problemática de la democratización.

Es un error asociar el Estado con el aparato estatal, o el sector público, o la suma de las burocracias públicas, que indudablemente son partes del Estado, pero no constituyen el todo. El Estado es también, y no menos primariamente, un conjunto de relaciones sociales que establece cierto orden en un territorio determinado, y finalmente lo respalda con una garantía coercitiva centralizada. Muchas de esas relaciones se formalizan mediante un sistema legal provisto y respaldado por el Estado. El sistema legal es una dimensión constitutiva del Estado y del orden que éste establece y garantiza en el territorio dado. No se trata de un orden igualitario, socialmente imparcial; tanto bajo el capitalismo como bajo el socialismo burocrático ese orden respalda y ayuda a reproducir relaciones de poder que son sistemáticamente asimétricas. Pero es un orden, en el sentido en que compromete múltiples relaciones sociales en base a normas y expectativas estables (si bien no necesariamente aprobadas). En uno de esos momentos en que el lenguaje corriente expresa las relaciones de poder con que está entrelazado, cuando en el centro político se toman decisiones (las «órdenes dadas»), esas decisiones generalmente «dan orden», en el sentido en que son mandatos que se obedecen generalmente. Esa aquiescencia ratifica y reproduce el orden social existente.

De los ciudadanos

La ciudadanía no se reduce a los confines (definidos con estrechez, como en casi toda la literatura contemporánea) de lo político. La ciudadanía entra en juego, por ejemplo, cuando en una relación contractual, cualquiera de las partes que sienta que tiene motivos de queja legítimos, cuenta con la posibilidad de recurrir o no a una entidad pública legalmente competente, y de la cual puede esperar un trato justo, para que intervenga y falle en ese caso. Incluso en el ámbito aparentemente más privado del derecho privado (consuetudinario), el sistema legal «pone» la dimensión pública connotada por la virtual remisión de tal relación a una entidad del Estado debidamente autorizada, para que ésta la juzgue legalmente. Esa dimensión intrínsecamente pública de las relaciones privadas (o lo que es igual, la urdimbre de las relaciones por parte del «Estado como ley») se viola, por ejemplo, cuando a un campesino se le niega de facto el acceso al poder judicial para entablar una acción contra el terrateniente. Este derecho «privado» debe considerarse tan constitutivo de la ciudadanía como el derecho «público» de votar sin coerción.

¿Qué ocurre cuando la eficacia de la ley se extiende muy irregularmente (si no desaparece del todo) a través del territorio y de las relaciones funcionales (incluyendo relaciones de clase, étnicas y de género) que supuestamente regula? ¿Qué clase de Estado (y de sociedad) es ése? ¿Cómo influye esa situación en la clase de democracia que pueda surgir? Un Estado que no es capaz de hacer valer su legalidad sustenta una democracia con baja intensidad de ciudadanía.

De las decisiones y sus controles

Toda organización mínimamente compleja, incluidas las políticas, está sujeta a una contradicción, una tensión inherente que no admite solución final, ni enteramente consensual, ni estable.

Por un lado, los miembros de la organización normalmente esperan la provisión de ciertos bienes públicos y la solución de algunos problemas de acción colectiva. Esta expectativa exige tomar medidas que son efectivas (es decir, generalmente producen tales provisiones y soluciones), así como colectivamente vinculantes (las decisiones se toman en nombre de los miembros de la organización y se aplican a todos ellos, en principio independientemente de sus opiniones respecto de tales decisiones).

El otro polo de la contradicción resulta de la creencia extensamente compartida de que es peligroso dotar a los individuos de demasiado poder. Este peligro parece crecer geométricamente cuando estos individuos tienen autoridad para tomar las decisiones colectivamente vinculantes respaldadas con la supremacía en el control de los medios de coerción en una organización de la cual es difícil o costoso retirarse. Incluso si se confía en que un detentador de poder dado no abusará de su posición, no hay garantía de que ésto no sucederá en el futuro. La conclusión racional es que de alguna manera el poder tiene que ser controlado.

Esta es una tensión insoluble entre dos deseos igualmente racionales: uno, que aquellos que tomen las decisiones colectivamente vinculantes para mí lo hagan con efectividad (es decir, con la suficiente efectividad como para lograr los fines deseados) y, otro, que existan suficientes controles sobre los decisores para protegerme de consecuencias que puedo encontrar seriamente nocivas para mis intereses o identidad. El deseo simultáneo por efectividad decisoria y por control es tan racional como contradictorio.

En un mundo en el cual no todos son pillos pero donde no muchos pueden ser considerados como realmente altruistas y, especialmente, donde nadie puede presumir ser inmune a las tentaciones del poder, ¿cómo pueden establecerse controles efectivos?.

Texto publicado en www.elauditor.info.