Hace poco tiempo, un miembro de la Auditoría General de la Nación (AGN), Horacio Pernasetti, le dijo a gestionpublica.info que su organismo no disponía de los recursos necesarios que permitan iniciar una investigación sobre el llamado caso Schoklender, porque, para eso, se debían dejar de hacer otros análisis ya previstos en el plan de acción anual de la AGN.

En ese sentido, Colombia dispone, dentro de su principal entidad fiscalizadora, la Contraloría General de la República, de un grupo especial que se encarga de investigar denuncias de particulares o de medios de comunicación sobre posibles casos de corrupción sin comprometer el normal funcionamiento del organismo.

Se trata del Plan de Reacción Inmediata, que se pudo en marcha hace dos años, con el propósito de actuar rápidamente frente a denuncias que requieran especial interés y celeridad en el trámite de indagaciones preliminares.

Hace un año, el 14 de octubre de 2010, bajo la administración de la contralora Sandra Morelli, se decidió darle un nuevo impulso a esta iniciativa, y reorientándola a fortalecer, entre otras cosas, los procesos de responsabilidad fiscal. Se estableció también que el Plan de Reacción Inmediata se ubicara bajo la dirección del Contralor General de la República, como suprema autoridad responsable del proceso de direccionamiento estratégico y de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.

A raíz de esta nueva orientación, según informaron fuentes de la Contraloría colombiana, entre julio de 2010 y junio de 2011 se dio apertura a 40 indagaciones preliminares y tramitaron 38 procesos de responsabilidad fiscal, entre los que se encuentran los del caso del Grupo Nule (ver aparte).

Desde la controlaría señalaron también que el dinamismo propiciado a través del Plan Especial de Reacción inmediata ha permitido resultados en términos de eficiencia y oportunidad del control fiscal. Por otro lado, se amplió la cobertura frente a denuncias o casos de corrupción de interés nacional, a la vez que se ha mejorado en la oportunidad de atender los asuntos que revisten especial interés nacional y de trascendencia social o económica a nivel nacional.

Función de Advertencia

Otra de las funciones del Grupo de Reacción Inmediata es la de advertir sobre operaciones o procesos en ejecución para prever graves riesgos que comprometan el patrimonio público y ejercer el control posterior sobre los hechos identificados. Entre el 1° de septiembre de 2010 y el 9 de agosto del 2011, se emitieron 158 informes de advertencia por $ 724.354 millones, en temas relacionados con la contratación de obra física y de prestación de servicios, gestión tributaria, construcción de viviendas de interés social, entre otros. Gracias a estas advertencias, el órgano de Control colombiano pudo prevenir el mal uso de los recursos públicos y mejorar el proceso de entrega de las ayudas humanitarias.

Caso Grupe Nule

A fines de noviembre de 2010, la Contraloría de Colombia inició nueve procesos de responsabilidad fiscal y 12 actuaciones preliminares por contratos de entidades oficiales con el denominado Grupo Nule. También dispuso el embargo de bienes y cuentas a nombre de los miembros de la agrupación, quienes se declararon en bancarrota y abandonaron algunos de los proyectos por los que ya habían recibido anticipos millonarios.

Según informaron medios colombianos, el escándalo derivado del abandono de las obras y denuncias de sobornos, han expuesto al Estado a la pérdida de cerca de 529 millones de dólares, pagados como anticipo.

Los miembros del Grupo Nule se encuentran procesados por el delito de peculado por apropiación.