A diferencia de Argentina, Uruguay sancionó en el año 2008 una normativa (Ley 18.381) que garantiza el acceso a la información pública. Desde aquel entonces, tanto el gobierno como la sociedad civil han impulsado diversas iniciativas tendientes a mejorar los canales de circulación de los datos gubernamentales.

Una de ellas es ¿Qué Sabes? (www.quesabes.uy), un sitio creado por la ONG DATA (www.datauy.org), que busca facilitar las solicitudes de información a cualquier institución pública uruguaya.

DATA se creó en 2012 cuando un grupo de amigos y conocidos detectaron que faltaba gente que pusiera en uso las iniciativas del gobierno que apuntaban a publicar datos, aseguró en dialogo con Gestionpunblica.info Daniel Carranza integrante de DATA y cofundador de ¿Qué Sabes?.

La transparencia no es garantía de que todo marche mejor. Pero indica que quienes tienen el poder deben no sólo ejércelo sino dar las razones de cómo lo ejercen. Esto es algo que suena obvio, pero que en la práctica resulta difícil de implementar, afirmó por su parte Fabrizio Scrollini, que al igual que Carranza es miembro de DATA y cofundador de ¿Qué Sabes?.

¿Cómo funciona Qué Sabes?

Daniel Carranza: El usuario elije uno de los organismos del Estado listados en la página; luego escribe en un formulario la información que requiere y eso le llega a través de un correo electrónico al ente en cuestión. Cuando responden queda registrado en el sitio web. La verdad es que estamos muy contentos porque este software se emplea en 15 países y en Uruguay es uno de los lugares donde más se usa. A lo largo de los seis meses (N del R: Qué Sabés se lanzó en octubre del año pasado en un acto en la Casa de Gobierno de la República) que tiene el sitio logramos avances para mejorar la Ley de Acceso a la Información Pública.

¿Qué pudieron aportarle a la Ley de Acceso a la Información Pública?

DC: Si bien la normativa es muy buena, siempre fue empleada por un grupo reducido de personas. No llegó a ser usada por el público en general. Eso nos ha motivo para hacer Qué Sabes porque queremos que más gente solicite información pública.

Fabrizio Scrollini: Hay que aclarar que cuando salió la Ley Uruguay adoptó un modelo en el cual sólo el Poder Judicial puede ordenar la liberación de información pública. El proceso es corto porque puede durar menos de siete días y si hay apelaciones puede tomar como máximo dos meses, algo que para los estándares comparados está muy bien.

¿Cómo articulan la tarea con el gobierno?

DC: Logramos que la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), órgano encargado de velar por el respeto al Derecho de Acceso a la Información Pública, saque una resolución que dice que Qué Sabés es un medio válido para hacer pedidos. Esa fue una gran victoria. A partir de ello, hemos logrado que muchos organismos comiencen a contestar.

FS: El problema es que la UAIP no es un organismo plenamente independiente y el Poder Ejecutivo ya ha revocado alguna de sus decisiones, con lo cual su rol se ve debilitado.

¿Cuánta gente visita el sitio?

DC: Hasta el momento hubo 300 usuarios y 200 pedidos.

¿Y los 200 fueron contestados?

DC: Hay de todo. Hay que analizar caso por caso porque no todos los usuarios cuando reciben la respuesta marcan el pedido como contestado. Además, aun hay muchos organismos que ignoran los pedidos. También están aquellos que responden correctamente. Hace poco obtuvimos una respuesta en menos de dos horas. Fue de la Junta Local de Las Piedras.

FC: No obstante, siguen existiendo trabas para el acceso aunque crecientemente se van disipando. Algunos organismos no responden los pedidos e ignoran a la ciudadanía. Digamos que los mecanismos administrativos todavía no están aceitados en todas las dependencias del Estado. Cuando si lo estén, comienza la lucha por determinar qué es información pública. Y también ahí generalmente existen varios obstáculos.

¿Cuáles son los organismo qué más responden los pedidos?

DC: Un caso interesante fue la Dirección General Impositiva. Ahora estamos en contacto para ver cómo pueden responder mejor los pedidos. Un caso paradigmático es el de la Intendencia de Montevideo. Al principio permanentemente nos negaban información. Pero ahora, a partir la resolución de la UIAP, comenzaron a colaborar.

¿Qué aportó la Ley de Acceso a la información pública a la sociedad uruguaya?

FS: Esta Ley contribuyó a saber cómo se toman las decisiones del gobierno, lo cual tiene un impacto en materia de rendición de cuentas. También cambió la relación entre los partidos políticos, quienes pueden tener más información para trabajar y elaborar propuestas, lo cual elevó la calidad del debate público. Por otra parte, esta normativa ayudó al propio Estado a ser más eficiente y a  construir procesos de consulta y confianza con el gobierno. Además, colaboró para resolver pequeños problemas cívicos, que en el fondo son los que más molestan a la ciudadanía.