La ampliación de la red de videocámaras en la vía pública fue uno de los puntos más recalcados en la política de seguridad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Tal es así que entre los objetivos iníciales de la Policía Metropolitana figura la instalación de equipos de monitoreo urbano como una de las herramientas principales para la prevención del delito.

Sin embargo, a cuatro años de la reglamentación de la ley de Seguridad Pública (2894) que dio vida a la fuerza porteña, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) detectó que de las 1772 cámaras instalas, sólo 300 están señalizadas. Los auditores observaron que no se cumple con la Ley 2602 que exige la señalización de todas las cámaras con un cartel indicativo de manera clara y permanente.

Enterado sobre el informe que publicó este año la AGCBA (el cual fue retomado y sintetizado por el portal Elauditor.info), el diputado porteño de Nueva Izquierda, Alejandro Bodart, realizó un pedido de información a la Legislatura en el cual pidió que se brinde datos acerca del lugar y la puesta en funcionamiento de las cámaras instaladas por el gobierno de Mauricio Macri. De acuerdo a lo que publicó Pagina/12, Bodart también solicitó que se especifique en qué lugares está planificado instalar las 400 videocámaras previstas para 2013 y cuál es el precio unitario promedio por cámara.

Las cámaras deben cumplir un fin de prevención y no de espionaje público, cuestionó Bodart en diálogo con Gestionpublica.info y confirmó que hasta el momento no obtuvo respuesta por parte del Poder Ejecutivo a su pedido de información pública.

La Auditoria porteña evidenció una falta de cumplimiento de la Ley 3998 que incorpora la obligación de publicar en la página web del Gobierno de la Ciudad (www.buenosaires.gob.ar) los puntos donde están instaladas las cámaras. Gestionpublica.info intentó comunicarse con algún funcionario porteño pero al momento de cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Por otra parte, de acuerdo a la ley 25.326 de Protección de Datos Personales, la Policía Metropolitana tiene la obligación de poner a disposición de la Defensoría del Pueblo toda su base informática proveniente de las cámaras. Sin embargo, el gobierno porteño no cumplió con este punto. La defensoría se lo ha pedido y han respondido con evasivas, aseveró Bodart.      

Otro aspecto que cuestionó el legislador porteño fue que la empresa encargada de publicitar a la Policía Metropolitana, en su página web ofrecía las imágenes de las cámaras de seguridad para dársela a distintos canales de televisión cundo la ley prevé que sólo por orden judicial algunas de las imágenes pueden hacerse públicas. Esta política puede violar la intimidad de las personas, concluyó Bodart.