La millonaria deuda que las concesionarias de los Corredores Viales 1, 3, 4 y 5 tiene con el Organismo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) es por multas pendientes de pago. Hasta abril de 2010 eran $74 millones los adeudados. Para tomar conciencia, esa suma es 5 veces el presupuesto para 2009 del Programa Nacional de Chagas, enfermedad que en nuestro país afecta a 1,6 millones de personas y que provoca cerca de 1200 muertes al año.

¿Cómo se manejan los fondos? Los recursos por peajes se administras a través del Sistema Integrado de Caja Única (SICU). En líneas generales, “el dinero recaudado por las empresas que tienen la concesión de los corredores es depositado cada 48 horas en una cuenta”. Quincenalmente, “las firmas deben informar al OCCOVI el tránsito pasante  y la facturación correspondiente”. Con esos datos, el Organismo estatal de Control de Concesiones realiza los cálculos correspondientes y redistribuye a cada empresa lo que le corresponde, de acuerdo a la información declarada. El resto de lo recaudado queda en el ente para, entre otras cosas, llevar adelante obras de seguridad vial.

La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó tres llamados de atención en torno a ese circuito.
  
En primera instancia, que las millonarias sumas adeudadas por los concesionarios podrían haberse descontado de esas redistribuciones mensuales.

Después, que “no hay un procedimiento que permita constatar la veracidad de la información que brindan los concesionarios”, es decir, que “el OCCOVI no valida esos datos, los da por ciertos” y paga por lo que ellos dicen. De hecho, cuando la AGN le pidió al ente estatal el registro donde se documenta el procedimiento de control de la información brindada por los concesionarios, éste admitió que “no existe un registro de esa naturaleza”.

Por último, el Organismo debía realizar periódicamente controles en los puestos de peaje “para verificar entre otras cuestiones, que se cobre la tarifa adecuada, el funcionamiento de los controles fiscales y el registro de las estadísticas de tránsito”. Sin embargo, “entre 2004 y 2009 solo se realizaron 46 auditorías en los 6 Corredores”. El organismo de control destaca que “en el 2006 no se visitó ningún puesto y en el 2005 solo se asistió una vez en el Corredor Vial 2”.

Presupuesto y obras

La AGN detectó que el OCCOVI sub ejecutó el presupuesto, entre el 2005 y  2010, en un 45,85%, es decir, que no utilizó más de $30 millones disponibles para llevar adelante obras de seguridad vial.

Por otra parte, los auditores señalaron que “hubo trabajos que no fueron ejecutados”. Por ejemplo, la pavimentación de la banquina de la Ruta Nacional 7 de Córdoba en donde nadie se presentó a la licitación o la construcción de Alcantarillas en la RN 12 en San Roque, que de tanto que se demoró la aprobación del proyecto la obra dejó de tener sentido por el cambio de las condiciones del drenaje.

Quién es quién

A continuación, un detalle de las empresas que están a cargo de los corredores.

•    Corredor Vial 1: Coarco SA- Equimac SACIFeI (UTE), Razón social: Rutas al Sur SA

•    Corredor Vial 2: Homaq SA, Razón Social: Autovía Oeste SA

•    Corredor Vial 3: Decavial SAICAC-Vialco SA (UTE), Razón Social: Vial 3 SA

•    Corredor Vial 4: Corporación América SA- Helport SA- Podesta Construcciones SA (UTE), Razón Social: Caminos América SA

•    Corredor Vial 5: Covico Concesionario Vial SA- Coprisa SA-Estructuras SACICIF – Glikstein y Cía. SACIAM - ICF SA – Noroeste Construcciones SA (UTE),  Razón Social: Vial Cinco SA

•    Corredor Vial 6:  Supercemento SAIC- Dragados y Obras Portuarias SA (UTE), Razón Social: Emcovial SA