En Oberá, Misiones, el Poder Ejecutivo y la Cooperativa Eléctrica de Oberá Limitada (CELO) incumplen las normativas que garantizan el libre acceso a la información pública en la provincia. Así lo denunció el abogado Rafael Pereyra Pigerl, quien llevó adelante reiterados reclamos respecto a la falta de datos sobre los estados contables y balances de año del Consorcio Termas de la Selva, sin recibir, al día de hoy, ninguna respuesta.

Rafael Pereyra Pigerl, uno de los ex Convencionales que dictó la Carta Orgánica local, reclamó a las autoridades provinciales que cumplan con el derecho de acceso a la información pública luego de observar fallas en varias aéreas de la municipalidad. Ni el Intendente de Oberá, Arq. Ewaldo Rindfleisch, ni el Secretario de Coordinación, Dr. Daniel Behler, contestaron las solicitudes que enviamos pidiendo conocer datos concretos sobre el Consorcio Termas de la Selva, que hoy presenta pérdidas millonarias que afectan tanto al Municipio como a la CELO, afirmó en dialogo con Gestionpublica.info.

Normativas vigentes

La principal norma dictada de acceso a la información Pública en Oberá es  la Carta Orgánica Municipal que entró en vigencia en Noviembre de 2013, donde el articulo 86 expresa que Todos los habitantes del Municipio tienen el derecho de solicitar y recibir la información en forma completa, cierta, apropiada y oportuna de cualquier órgano perteneciente a aquel, y éstos tienen el deber de suministrar esa información (…).

Por otro lado, se instaura en el artículo 88 que en el sitio oficial de la Municipalidad se deberá publicar la Carta Orgánica junto a  toda la información oficial producida por la entidad. No obstante, también durante el año 2012, se dictó en el Municipio de Oberá la Ordenanza 2086/12 de Adhesión a la Ley IV Nº 58 DJM, de Acceso a la Información Pública, vigente en la Provincia de Misiones.

Pedidos sin respuesta

Rafael Pereyra Pigerl informó que fueron varias las instancias en las que realizaron pedidos de acceso a la información mediante solicitudes tanto al Intendente como al Concejo Deliberante de la Municipalidad de Oberá, debido a la falta de información sobre los Estados Contables y Balances del año 2012/2013 del Consorcio Termas de la Selva formado por la Municipalidad de Oberá y la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (CELO), donde se invirtieron sumas millonarias de las cuales no hay información ni se ven ejecutadas en el Parque termal. Lo peor es que se siguen subsidiando, sin conocerse cuál es el destino real de dichos fondos, agregó el abogado. A raíz de esta situación, el letrado de Oberá solicitó datos sobre aportes y pagos realizados por la CELO durante 2012 y 2013.

En otro de los pedidos, según Pereyra Pigerl, se solicitó información sobre la cantidad de empleados municipales debido a que hay muchos que no están registrados y cobran $1300 por mes, sin obra social, ni ART, realizando tareas de riesgo, con un haber muy inferior al sueldo mínimo vital y móvil en contrapartida con algunos cargos políticos que cobran más de 10 veces que la mitad del personal. Por ello, solicitamos la nómina actualizada del plantel del personal municipal contratado, permanente, funcionarios electos y los políticos nombrados por éstos, especificando en cada caso: función, categoría e ingresos, indicó.

También se le solicitó información a la CELO que es una Cooperativa que presta Servicios Público de energía a más de 35.000 socios y de agua potable a más de 11.000. La razón fue la falta de inversión y negocios turbios, por los cuales están imputados la Sra. Fiscal de Instrucción Nro. 2, el  Presidente, Sindico y ex secretario por el delito de Administración Fraudulenta agravado por la falta de cumplimiento del servicio de agua potable, que dejó sin agua a más de 11.000 socios por varios días sin ningún paliativo, con cortes de energía, y sin inversiones en la última décadas. Todo esto sin mencionar las pérdidas que se acumulan al vencimiento del ejercicio de julio 2013 a más de $ 105.000.000, detalló Rafael.

De todos los pedidos de acceso a la información, el letrado aseguró que el único que contestó, pero de forma parcial, fue el Presidente del Concejo Deliberante, que entregó copias de parte de los Balances del Consorcio Termas de la Selva. Igualmente, evitó informar sobre los contratados sin relación de dependencia y también acerca de las remuneraciones, especificó el abogado de Oberá.

Tanto el Intendente como el Secretario Coordinador, no contestaron absolutamente nada. De parte de ellos no existe el mínimo interés de cumplir con la normativa vigente; el mismo comportamiento tiene la CELO que no brinda ninguna información. A esto se le suma que el Concejo Deliberante siempre responde recortando datos o pone obstáculos en cuanto a la accesibilidad, continuó.  

Las irregularidades encontradas en la cooperativa son innumerables: las más graves surgen de una auditoría realizada hace dos años atrás donde se visibilizó un desmanejo absoluto y total falta de control, cheques recibidos de terceros por altísimos montos, falta de procedimientos de contratación sin pedidos presupuestos, procedimientos para los pagos no verificados. Se ha constatado duplicaciones de contrataciones de servicios y obras por montos millonarios. Asimismo, existen incumplimiento de retenciones de montos millonarios destinados a obras de infraestructuras, la consecuente de todo ello es el desastroso servicio de agua potable y un déficit acumulado de $ 105.000.000, comentó el abogado en diálogo con gestionpublica.info.

¿Quién controla?

A este panorama se añade que la auditora es también la Contadora del Intendente desoyendo de esta forma las normas locales que regulan la tarea del auditor donde prevalece que la condición básica para el ejercicio de esta tarea es la independencia del contador público (auditor) con relación al ente al que se refiere la información contable. Existe una incompatibilidad grave, denunció.

Según Pereyra Pigerl, la normativa existe, pero sin embargo no se cumple. Además, y en cuanto a difusión del derecho, los vecinos no utilizan el mecanismo, es más, las autoridades no reciben de buen humor ni agrado los pedidos de acceso a la información pública.

Existe también un cierto temor en la represalia que va tomar el Gobernante y ello limita y afecta  la libertad de expresión y con ello la democracia. Los Gobernantes no están acostumbrados a este tipo de control y realizan todas las chicanas necesarias para evitar el cumplimiento, ya que en general el cumplir en muchos casos abre la posibilidad concreta de descubrir irregularidades graves e incluso delitos, destacó.