La Diputada por el Frente Para la Victoria (FPV), Alejandra Marcilla, presentó en Chubut un proyecto de Ley con el objetivo de endurecer las penas que emite el Tribunal de Cuentas provincial (TC). En diálogo con GestionPublica.info, remarcó que la nueva norma tiene viabilidad porque es una preocupación general de todos los Diputados.

Marcilla aseguró tener un gran interés sobre los organismos de control porque son fundamentales para transparentar el uso de los fondos públicos. La Ley que tiene el Tribunal de Cuentas de la provincia necesita una actualización, indicó.

Según explicó la Diputada, la idea es cambiar las sanciones que aplica el Tribunal de Cuentas. En el caso de las multas, están establecidas por módulos de tres mil pesos cada uno y el organismo está facultado para sancionar por un monto equivalente al 50%. Es decir, como máximo se puede aplicar mil quinientos pesos a los incumplidores luego de cada requerimiento por parte del TC, agregó.

La meta de la nueva normativa es actualizar la Ley 71 por la cual fue creado el Tribunal- y modificar el articulado para ampliar la cantidad de módulos por los cuales se sanciona a un organismo auditado. De esta forma, el TC estaría habilitado a multar por hasta 10 módulos a los responsables de los incumplimientos y con hasta 5 módulos en los casos de falta de respeto o desobediencia a sus resoluciones.

Lo que hicimos es actualizar los módulos que puede aplicar el Tribunal en cuestiones específicas de rendiciones de cuentas, señaló y continuó: El espíritu del proyecto es que el organismo pueda sancionar de manera efectiva a quienes no cumplen con las presentaciones.

Para la Diputada del FPV, este no es un Tribunal muy efectivo en la aplicación de sanciones, ya que uno ve en el Boletín Oficial que siempre el organismo llama a los incumplidores a que realicen las presentaciones que tienen demoradas pero recién después de muchas advertencias aplica las multas correspondientes.

Estamos en 2017 y todavía se están realizando auditorías de cuentas del año 2013, insistió. No obstante, el TC nunca informa a los organismos como incumplidores sino que los justifica diciendo que tienen buena voluntad para brindar información pero que se atrasan por diversos motivos, explicó la legisladora.

El proyecto está en comisión pero entró en el mes de junio y, por diversas cuestiones, hubo muchas sesiones que fracasaron por falta de quórum y eso ha generado no poder profundizar sobre ningún tema, concluyó Marcilla.