La situación de la gestión de residuos en la Ciudad de Buenos Aires es compleja y evidentemente llegamos al reconocimiento del fracaso, expresó Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

El lunes 23 de abril se desarrolló la reunión de las comisiones de Ambiente y de Obras Públicas y Servicios de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos para tratar el proyecto del Ejecutivo, que reforma la Ley 1.854 y que busca remover el artículo 7, el cual impide incinerar residuos sólidos urbanos. De aprobarse, en 2028 quedará prohibido enterrar materiales reciclables y aprovechables.

Esta ley establecía una serie de metas progresivas de reducción de cantidad de residuos enviados a rellenos sanitarios. No significaba producir menos residuos, sino que el Gobierno de la Ciudad tenía que comprometerse con una fuerte política de reciclar los residuos. Es decir, evitar que se entierren residuos que pueden ser utilizados en otras actividades y esa meta no se cumplió, enfatizó Nápoli.

Con tres grandes rellenos sanitarios como el de González Catán, el de Ensenada y el Norte III (que es el más grande y está ubicado en el Camino del Buen Ayre), ocupando cientos de hectáreas, hoy llegamos a una crisis, los rellenos ya no dan abasto y se dice que no queda otra solución que incinerar la basura. Lo que está diciendo esto, es que hay una crisis muy fuerte y una muy mala gestión, explicó el director de FARN.

Las repercusiones en el medio ambiente y en la salud son graves. En cuanto al ambiente, estos incineradores gigantes queman grandes cantidades de basura sin discriminar, generando energía. Los impactos dependen de la tecnología usada y de los tipos de residuos que se queman. Esa basura, al incinerarse, genera emisiones gaseosas, entre las cuales hay múltiples sustancias, algunas muy complejas para el ambiente y la salud como las dioxinas y los butanos, que son productos catalogados como cancerígenos. Esta es una situación problemática, afirmó Napoli.

Las cenizas son el producto final del proceso. Estos también son residuos peligrosos, aseguró Nápoli. Pero la incineración también afecta directamente a la industria del reciclado, a la fuente de trabajo de los recuperadores y recicladores urbanos, que en la ciudad son más de 5.300.

Otra contra es su costo. Son muy caros, cada incinerador sale entre 500 y 700 millones de dólares y además, la energía que produce es bastante costosa de pagar.

Desde FARN, junto a otras casi 50 organizaciones, proponen una profundización y una ejecución de la política del reciclado. Esto es lo que hacen todas las economías a nivel mundial. Se pone como ejemplo la Unión Europea, que ha llegado al proceso de incineración, primero porque tienen una crisis de espacio. Pero además, tienen elevadas tasas de reciclado. Una vez que lograron eso, todo aquello que no se puede reciclar, si se puede incinerar, informó el integrante de FARN.

En el proyecto original no se distinguía, se trataba de incinerar todo. En cambio el proyecto de la Coalición Cívica intenta mejorarlo, según Nápoli, para tratar de que los reciclables no puedan ser incinerados, pero tal cual está la propuesta, permitiría que toda la parte de descarte se pueda incinerar, lo que pasa es que ahí entramos en una confusión muy grande porque, ¿quién establece que es descarte o no? Esto se ve en los contenedores negros, donde supuestamente es todo descarte, pero abrimos la tapa y vemos que más de la mitad es reciclable. Entonces tenemos una situación difícil que tendremos que precisarla mucho más.

En este momento hay 3 rellenos sanitarios activos, los más grandes son el del Camino de Buen Ayre y el de González Catán. En otros países los rellenos se gestionan de otra forma: Tienen una fecha de inicio y una fecha de finalización. Cuando finalizan esos espacios se reconvierten y recomponen como espacios públicos. Pero son dimensiones más chicas, acá estamos hablando de basurales que se ubican, por su inmensidad, en el top 5 a nivel mundial, finalizó Nápoli.