En la última sesión de 2010, senadores del PJ de la provincia de Santa Fe presentaron su renuncia a la Comisión Legislativa de Control y Revisora de Cuentas. En una carta entregada a la presidenta del organismo, Griselda Tessio, destacaron que el gobierno de Hermes Binner elude sistemáticamente los controles que se deberían hacer de cada uno de los actos administrativos, dado a que desde su creación en el año 2005 (Ley 12.510, art. 245 en rigor, durante la administración del peronista Jorge Obeid-), la comisión nunca entró en funcionamiento.  

Los legisladores que renunciaron son Alcides Calvo, Alberto Crosetti, José Baucero y Rubén Pirola, quienes destacaron la falta de compromiso político del oficialismo a la hora de constituir el órgano encargado de revisar las observaciones que realiza el Tribunal de Cuentas de la provincia, y añadieron: Es incomprensible desde todo punto de vista que no hayamos logrado conformar y hacer funcionar una comisión estratégica y de tanta importancia.

Integrada por cinco senadores y cinco diputados, una de las funciones principales de la Comisión era la de controlar la gestión del Tribunal de Cuentas de la Provincia, además del examen y estudio de la Cuenta de Inversión. Por otro lado, tenía la facultad de requerir a las reparticiones que corresponda los informes, documentación y antecedentes que considere necesarios para el análisis de los actos o documentos remitidos para su tratamiento. Con la renuncia de los senadores, Felipe Michlig, de la Unión Cívica Radical, quedó, momentáneamente, como único miembro de la comisión en la Cámara Alta.

Hoy, a cinco años de su creación, los miembros de la Comisión aseguran que no han logrado reunirse ni una sola vez. A lo largo de los últimos dos años, los senadores del PJ empezaron a hacer público la inactividad de esta herramienta de control. En el periodo 2008-2010 unas 160 observaciones del Tribunal de Cuentas no fueron revisadas por el Poder Legislativo, las cuales fueron ingresadas a las Cámaras Legislativas y derivadas a una comisión que, según destacan sus integrantes, no existe. 

En esas observaciones se encuentran la adjudicación directa de la concesión de la autopista Santa Fe-Rosario; los contratos del gobierno provincial con el Banco Municipal de Rosario; las licitaciones para la construcción de hospitales; la contratación directa con la firma Evento SA de la ciudad de Rosario para la televisión de los juicios por crímenes de lesa humanidad, de Telefónica de Argentina SA para la inspección de líneas telefónicas, de impresión de libros y revistas del Ministerio de la Producción, multas al Casino de Rosario; transferencia a la Municipalidad de Rosario de $ 7,8 millones, entre otras cosas.