El colectivo de Actrices Argentinas denunció penalmente al actor Juan Darthés por violar a su ex compañera, Thelma Fardín, cuando esta tenía 16 años. El caso abrió algunos interrogantes sobre la protección de las mujeres en casos de violencia de género.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este medio remarcó que, hasta ese momento, 225 mujeres habían sido víctimas de femicidios a lo largo de 2018, lo que da una muerte cada 32 horas. Los datos fueron develados por el Registro Nacional de Femicidios, mientras que la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), aseguró que, de los mismos, 192 corresponden a femicidios de mujeres, 29 son vinculados y 4 son trans/travesticidios (ver nota).

Los datos brindados por MuMaLá confirman que el 44% de las víctimas tenía entre 21 y 40 años; el 11% entre 0 y 15 y el 10% entre 16 y 20. A su vez, el 28% fue asesinada con arma blanca, el 23,5% con arma de fuego, el 19% a golpes y el 17% por asfixia, mientras que el 6,5% fueron quemadas. Por último, el 41% de las víctimas convivía con su asesino y el 13% estuvo desaparecida.

En 2017, el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, indicó que 292 mujeres fueron víctimas de femicidios, cifra que aumentó en comparación con 2016. De los mismos, 31 estuvieron vinculados a familiares de la propia mujer y cinco a personas trans.

En relación al presupuesto 2019, el gobierno nacional le destinará 234,3 millones de pesos al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), organismo encargado de la aplicación de la Ley N° 26.485 de Protección Integral a las mismas. Si se toma la cifra otorgada este año, se estima un aumento cercano a los 235 millones de pesos, pero por la inflación proyectada para el próximo ejercicio (34%) la pérdida real sería de casi un 18%. En resumen, durante 2019 se destinarán $11,36 pesos por mujer, un monto menor a un pasaje en trasporte público.

Control

Desde hace tres años las organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre la problemática de los femicidios, están esperando que la Auditoría General de la Nación (AGN) se expida sobre la labor realizada en torno a la Ley de protección integral para prevenir la violencia contra las mujeres.

Este informe, incorporado al plan de acción de 2016, tuvo varios puntos de desencuentro puesto que el organismo planteó una metodología objetiva basada en la erogación de capital por parte del ejecutivo, mientras que las ONG solicitaron la ampliación del trabajo. Todavía el documento no fue aprobado.

En Capital Federal, la AGCBA realizó una labor distinta, la cual empieza a quedar desactualizada. El organismo evaluó el desempeño de los Centros Integrales de la Mujer y encontró una falla en la planta de trabajadores: sólo dos cuentan con un Trabajador Social, siendo vitales estos puestos dentro de dichas instituciones.

Ley Micaela

Micaela García, una joven militante del movimiento Ni Una Menos, fue asesinada en 2017 a la salida de un boliche en Gualeguay. Por ese femicidio fue condenado a prisión perpetua Sebastián Wagner, de 30 años.

En mayo de ese año, la agrupación política Nuevo Encuentro presentó un paquete de leyes que lleva su nombre y que fue aprobado recientemente en la Cámara de Diputados con 171 votos a favor y 1 en contra (del diputado Olmedo) y por unanimidad en el Senado Nacional.

La nueva normativa estipula la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de capacitar y sensibilizar a todos los funcionarios públicos que integran los diferentes niveles del Estado, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones. La capacitación obligatoria abarca los tres poderes y los organismos descentralizados.

Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley Nº 26.485. Los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.

El plan estará a cargo del Ministerio de Modernización y del Instituto Nacional de las Mujeres, organismo dirigido por Fabiana Túñez.

Rosario

A partir del año que viene, las mujeres que sufran violencia de género percibirán una asignación municipal de dos mil pesos. Esto fue una decisión tomada por el Concejo Deliberante, a través de una ordenanza que busca ayudar a las víctimas desde lo económico. Por lo pronto, percibirán este ingreso 100 personas que están alojadas en los diversos refugios municipales que hay en la ciudad.