Frente a la seguidilla de incidentes violentos ocurridos en los últimos días, pero que vienen registrándose con peligrosa frecuencia en los últimos meses, la dirigencia del fútbol argentino anunció esta semana un sistema de castigos para los clubes cuyos hinchas o barrabravas provoquen desmanes que a todas luces se presenta insuficiente frente a la gravedad de los hechos.

En la previa a la reunión en la AFA, el presidente de Belgrano de Córdoba, Armando Pérez, había deslizado que el Comité Ejecutivo analizaría en su reunión ordinaria la posibilidad de aplicar la prohibición del ingreso de público visitante tanto en la Primera A como en la Primera B Nacional, las principales categorías del fútbol local, algo que se viene aplicando en las categorías menores con resultados que no son precisamente maravillosos. Es una posibilidad. Me parece que algo hay que hacer, admitió el dirigente. Pero lo cierto es que el tema en cuestión, incluso después de las balaceras por peleas internas en las barras de Boca, Tigre y Gimnasia, con muertos y decenas de heridos, no estaba en el orden del día y recién se trató cuando el propio Grondona lo trajo a colación.

La iniciativa que trataron los dirigentes parecía estar muerta antes de nacer. El Gobierno nacional no esta dispuesto a apoyarla, y, finalmente, como quedó en evidencia, la medida tampoco contaba con el consenso de los dirigentes que integran el Comité Ejecutivo y ni siquiera el propio mandamás del fútbol argentino estaba dispuesto a sostenerla. El resultado de esa escasa convicción para abordar el problema, terminó con el anuncio de una medida que no finalmente no es ni chica ni limonada.

La AFA, a través de su órgano ejecutivo, decidió bajar esa posibilidad de prohibición para el ingreso de hinchas visitantes y resolvió sancionar a los clubes cuyos hinchas cometan desmanes dentro de las canchas y emitió un comunicado en cuyo principales puntos destaca que:¨sancionará provisionalmente con suspensión de una fecha a aquellas hinchadas que provocaren disturbios y/o actos de violencia dentro de los estadios, antes, durante y después de los partidos -curiosamente, esta medida de nada serviría para, por ejemplo, aplicarse sobre los tres hechos más violentos de los últimos quince días, que ocurrieron precisamente en las inmediaciones de las canchas de Tigre, Boca y Gimnasia-; el comunicado anuncia una diferenciación en el castigo si la hinchada que provoca el desorden es local o si se encuentra en condición de visitante, y aclara que estas medidas son de urgente aplicación y serán aplicadas por el Comité Ejecutivo, sin perjuicio de la actuación del Tribunal de Disciplina del ente rector del fútbol nacional y que dicha implementación emergente fue aprobada por lo que resta del presente torneo (Final), ya que el organismo deposita su confianza en el Sistema AFA Plus, que tendrá plena vigencia a partir del último semestre del año, con el arranque del próximo Torneo Inicial.

A simple vista, esta solución a los hechos de violencia resulta poco cosa frente a la magnitud del problema. Es que de lo que no se habla en el ámbito de la dirigencia es, justamente, de la responsabilidad que les cabe en tanto que son los propios clubes los que, por razones que no se esgrimen con claridad más allá de que se infieran por sentido común, alimentan y fortalecen a las barras bravas. En este sentido, no se puede soslayar el hecho de que son los propios dirigentes los que evitan incluir en las respectivas listas de derecho de admisión -que es la herramienta que disponen en la actualidad para ponerle algún freno a los violentos- a los integrantes de las distintas barras bravas.

La connivencia es evidente y no deja lugar a dudas. No aplica ese derecho de admisión Boca, lo hizo sólo en cinco partidos mientras hoy sus barrabravas se matan en una interna feroz por el reparto de entradas y viajes; no lo aplica tampoco River, Los Borrachos del Tablón tienen vía libre en el Monumental; no lo aplica Racing, a pesar de que la cúpula de la Guardia Imperial está involucrada en el asesinato de un hincha de Independiente; no lo aplica San Lorenzo; no lo aplica en su totalidad Vélez, que sólo le prohíbe la entrada a una facción disidente de La Pandilla; igual situación que con los de Liniers ocurre en Lanús y en Quilmes; lo aplica ahora parcialmente Independiente, que tenía 27 barras sin acceso a los estadios y, ante las presiones, les levantó la prohibición a dos capos barrabravas; no lo aplica Newell's, cuya barra oficial también se pasea por el Coloso como pancho por su casa.

Obviamente que la lista es mucho más extensa, pero bastan estos ejemplos para dar cuenta de una realidad. Frente al problema de la violencia en el fútbol, cualquier medida que no contemple la urgente necesidad de desandar el camino de fortalecimiento de estos grupos de violentos, seguirán siendo parches, demasiado débiles como para cerrar esta herida que no para de sangrar y que incluso, como ocurre en estos días, de tanto en tanto se dispara a borbotones.

*Sociólogo y periodista.