Aunque por el momento está en suspenso, pronto deberán encontrarle una solución porque las compañías tiraron sobre la mesa sus quejas y la advertencia de que así, con el conflicto judicializado y paralizado, no pueden sobrevivir ni hacer frente a sus costos operativos. Por eso, la semana que comienza puede ser clave.

Mientras el ministro de Energía, el ex CEO de Shell Juan José Aranguren, busca por todos los medios el camino menos hostil e intenta evitar una interpelación brusca en la Cámara de Diputados su escasa cintura política podría ponerlo en un complejo laberinto, el presidente Mauricio Macri exige y espera una decisión de la Corte Suprema que avale el tarifazo y su cobro retroactivo. Espera que sea la propia Corte la que termine aplicando la suba de tarifas que se hubiera podido lograr sin tanto alboroto si hubiera seguido los mecanismos habilitados para ello e intentado cuidar el bolsillo de los sectores medios y bajos que ya están siendo castigados por una inflación que rompe el techo del 40 por ciento y por acuerdos salariales en muchos casos cerrados a la baja.

Los jueces del Supremo sienten el apuro y la responsabilidad de tomar como propia una decisión política del Gobierno. Quizás estas cuestiones fueron tratadas en la reunión que hace más de un mes sostuvieron en la Casa Rosada el presidente del Tribunal, Ricardo Lorenzetti, y Mauricio Macri. Pero de ahí a que los jueces fallen en contra de los usuarios con plena conciencia de que en este tema el macrismo no hizo muy bien los deberes hay un abismo, comenzando por el sencillo hecho de que no se cumplieron algunos requisitos indispensables como la participación de los consumidores a través de las audiencias públicas. Por el momento, la Corte pasó el último miércoles el expediente a la procuradora general, Alejandra Gils Garbó, para que esta dictamine a más tardar el próximo jueves. Recién ahí se podrá dar a conocer su fallo. En este punto, las posibilidades son que la Corte avale el fallo de la Cámara Federal platense y obligue al gobierno a reiniciar el camino del tarifazo convocando previamente a las audiencias la operatoria sería similar a la que se utilizó antes de fallar la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audio Visual- o bien ceder a la presiones del establishment y los medios de comunicación oficialistas para fallar contra los millones de damnificados.

Al Gobierno un fallo favorable le permitiría evadir el costo político de lo que sin dudas fue una pésima jugada: la de permitirles a las distribuidoras la facturación con incrementos siderales, que luego encontraron un tope del 400 pero también mal pensado porque el ministro de Energía hizo mal unas cuentas o, mejor dicho, no tuvo en cuenta el valor real del metro cúbico de gas. Para los usuarios, un fallo desfavorable significaría un nuevo golpe al bolsillo y la consecuente pérdida de poder adquisitivo, no solo por el hecho de tener que afrontar el gasto de manera retroactiva sino porque también deberán afrontar, más temprano que tarde, los aumentos que el tarifazo volverá a cargar sobre los precios, sobre todo en los comercios minoristas y en las pequeñas y medianas empresas. Algo que, por otra parte, no sería nada saludable en la durísima batalla que el Gobierno lleva adelante contra la inflación, ya con resultados desfavorables.

La semana pasada trascendió la orden de Macri a sus funcionarios y operadores políticos para presionar a los miembros de la Corte y así forzarlos a avalar el tarifazo. Pero algunos de estos jueces les dejaron claro que no estarían dispuestos a tal concesión, sin antes ordenar la realización de las consultas pertinentes obviadas por el Ejecutivo. En caso de que la Corte determine la necesidad de que finalmente se realicen las audiencias, el aumento perdería el acumulado retroactivo. En la Corte no dudan de que todo esto se trate de una cuestión política. Para el Gobierno, esto sería un revés importante ya que pondría en evidencia su falta de previsión y su torpeza en el procedimiento. Para evitar este desplante el Gobierno no ahorraría recursos y hasta estaría dispuesto a abrirle el camino a viejas denuncias contra los magistrados.

Mientras el expediente avanza, el Gobierno buscará en estas horas sumar apoyo político de los gobernadores para de ese modo darles una clara señal de fuerza a los magistrados de la Corte. Pero si con eso no alcanza, están los aprietes. El diario Clarín publicó el último viernes: Highton de Nolasco no transmitió demasiado, pero en la cima de la Casa Rosada revelaban que la jueza les hizo saber que tiene intenciones de quedarse cinco años más en el puesto, lo que alimentó las especulaciones de que podría votar a favor.

Por otra parte, a la jueza Highton de Nolasco también le pesa una denuncia penal en su contra -que recayó en el juzgado de Claudio Bonadio- por haber nombrado a su hija Elenita Nolasco en la Secretaria Judicial de Relaciones de Consumo de la Corte Suprema (Página 12, 14/8/16). La denuncia incluye al propio Lorenzetti y a Juan Carlos Maqueda, tres de los cuatro integrantes de la Corte. Sobre Lorenzetti está también la presión de la diputada Elisa Carrió que desde comienzos del año lo nombró como El capomafia de Rafaela y lo persigue con una denuncia por enriquecimiento ilícito y con la realización de un Juicio Político para destituirlo.

Ese es el contexto en el que los jueces deberán avalar o no el tarifazo. En caso de no poder resolver la cuestión de fondo por un hipotético empate entre los cuatro magistrados, al Gobierno le quedará una carta más, el voto de
del juez Carlos Rosenkrantz, quien ya fue nombrado como integrante del máximo tribunal por el macrismo junto con el juez Horacio Rosatti, pero todavía no asumió sus funciones. Tenía previsto hacerlo a comienzos de la próxima semana pero podría adelantarse para no perderse la votación.

*Sociólogo y periodista.