En 1996, el Estado Nacional importó desde Canadá el concepto Bosques Modelo. Se trataba de un “know how” (saber cómo) sobre modos de planificación y gestión de los ecosistemas forestales a partir de la asociación de quienes viven en los bosques, para mejorar la calidad de vida mediante prácticas sustentables. Uno de los planteos más importantes del concepto era impulsar un funcionamiento “en red” de los bosques, articulados a nivel regional, nacional e internacional.

El Programa Nacional de Bosques Modelo quedó bajo la órbita de la Dirección de Bosques que depende, a su vez, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y tenía el objetivo de promover métodos y técnicas innovadoras en la gestión ambiental.

En su estudio, la AGN descubrió que las acciones generadas en los bosques, como diagnósticos, talleres de capacitación, planes de manejo agropecuario y provisión de agua, no eran “suficientemente coordinadas por el Programa Nacional”, y añadió que las distintas zonas a las que debía llegar el proyecto “no contaban con partidas presupuestarias específicas, personal técnico ni infraestructura suficiente para desempeñar las funciones asignadas”.

El organismo de control recorrió cuatro bosques modelo entre 2002 y 2005: el Futaleufú, de la provincia de Chubut con 738 mil hectáreas; el Formoseño, de 800 mil hectáreas; el Jujuy, de 130 mil y el Norte de Neuquén, que se extiende por 4 millones de hectáreas. Entre las falencias que encontró, la AGN destacó la ausencia de indicadores para evaluar el desempeño de los bosques modelo, y de un cronograma claro de actividades conjuntas.

“El Estado no implementó las medidas necesarias para fortalecer y consolidar el Programa Nacional de Bosques Modelo”, concluye la Auditoría, y exhortó a las autoridades a “incluir el proyecto dentro de un plan general del sector forestal nacional o regional”. En este sentido, la Ley de Bosques, que era reclamada por organismos ambientalistas, fue aprobada en noviembre de 2007. La medida, además de establecer una moratoria de un año a los desmontes indiscriminados, plantea instaurar criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a planificar las actividades forestales mediante un ordenamiento territorial en el que participen las comunidades indígenas y campesinas para evitar la fragmentación y degradación de los bosques nativos.