Mientras que por estos días se discute en el Congreso de la Nación un nuevo esquema de retenciones para la exportación de soja, la Auditoría General de la Nación (AGN) ya había analizado en 2006 las consecuencias de la “sojización” de la actividad agrícola. En aquella época, el organismo de control abordó la labor del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y su falta de proyectos específicos para evaluar y mitigar el impacto ambiental del monocultivo de la oleaginosa.

Entre sus conclusiones generales, la AGN dijo que el modelo sojero imperante intensificó los sistemas productivos del agro argentino y provocó “deforestación, contaminación, erosión y degradación de los recursos naturales”. Además, agregó que la expansión de la frontera agrícola fue un proceso “modelado por la actividad privada, con un mínimo control por parte del Estado”.

Según la Auditoría, el INTA tiene limitaciones que están relacionadas al vacío legal de las provincias en cuanto a la conservación de sus tierras fértiles. Es que las jurisdicciones no cuentan con planes de ordenamiento ambiental y territorial para diversificar las tareas agrícolas. La AGN destacó que el Estado tampoco avanzó en la puesta en operación de la Ley General del Ambiente Nº 25.675, sancionada el 6 de noviembre de 2002.  

Pero el boom sojero no sólo tiene impactos negativos en el medio ambiente. El organismo de control también estudió algunos efectos sobre variables sociales, como el despoblamiento de regiones, concentración de la propiedad de la tierra y la promoción del trabajo “golondrina”, que consiste en trasladar a los trabajadores según las demandas puntuales de mano de obra. Por ejemplo, en el 19 por ciento de las localidades rurales de Santiago del Estero, la provincia con mayor superficie cultivada, disminuyó la población y, al mismo tiempo, subieron los índices de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas. En este sentido, “el INTA no diseñó modelos productivos locales para compensar las pérdidas de otras actividades agropecuarias tradicionales”, completó el organismo de control.

Los números de la soja son elocuentes: en 2005, las retenciones a la exportación le reportaron al Estado Nacional 1.700 millones de dólares y el país tiene 14 millones de hectáreas sembradas con una producción anual de 38 millones de toneladas. Sin embargo, ante estos datos la AGN señaló que “las características de la agriculturación en el Noroeste argentino hace reflexionar acerca de los riesgos de no planificar el uso de los territorios”, y exhortó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, que está en la órbita del Ministerio de Economía, a ejercer “un rol activo en el diseño de políticas agrarias de uso y conservación del recurso suelo, para minimizar los impactos ambientales”.