En 2003, el Ministerio de Educación de la Nación entregó $ 82 millones para obras de refacción de escuelas sin tener información detallada sobre el estado de los establecimientos educativos en las provincias, ni sus necesidades, y no puede justificar con comprobantes el 70 por ciento de las transferencias de dinero destinadas a la compra de equipamiento para aulas. Estas son algunas de las conclusiones de la Auditoría General de la Nación (AGN), luego de un análisis sobre la Dirección de Infraestructura de la cartera.

El estudio de la AGN señala que, además de la falta de información, la Dirección tampoco tenía un “criterio formalizado” para distribuir fondos en los Distritos, ni controló el cumplimiento efectivo de las obras que se debían realizar.

En el organigrama de Educación, Infraestructura se encarga de asignar su presupuesto para obras edilicias, compra de equipos y provisión de servicios básicos, como agua potable, gas y luz. El dinero es enviado a las distintas carteras provinciales y consejos escolares municipales. El año del informe, el área destinó fondos para equipar 3.100 aulas de todo el país, de las cuales sólo se cumplió con el 55% (1.700). Además, estaba estipulada la provisión de servicios para 539 escuelas, pero los trabajos alcanzaron a 150 (28%).

Sobre la falta de control, la AGN revisó 108 proyectos de obra en escuelas planificados para 2003, de los cuales la Dirección sólo inspeccionó uno. Una de las atribuciones de Infraestructura es sancionar a las jurisdicciones que no hagan una correspondiente rendición de cuentas sobre el dinero que se les envía. Pero la Auditoría descubrió que en julio de 2003, habían sido destinados $ 150 mil a un distrito que al momento del informe, a principios de 2005, había rendido un tercio del dinero, sin embargo las transferencias de fondos nunca fueron interrumpidas.

Según la AGN, la dependencia del Ministerio presentó otras irregularidades en sus funciones como dos casos de dinero inmovilizado por el incumplimiento en los plazos de obra estipulados. En marzo de 2004, por ejemplo, se había enviado dinero a una provincia que llamó a licitación ocho meses después, y una jurisdicción fue beneficiada en noviembre de 2003 con $ 147 mil para una escuela que finalmente recibió el dinero en julio del año siguiente.