Así respondió el Consejo de la Función Pública a un pedido de informes de la defensora del Pueblo

VIEDMA (AV)-Ningún pasivo plan- teó formalmente reclamos administrativos al Consejo Provincial de la Función Pública por el 82 por ciento móvil.

Así lo señaló el titular de ese organismo, Carlos Oliva, en una respuesta a un pedido de explicaciones elaborado por la Defensoría del Pueblo.

El funcionario provincial mencionó que de un total aproximado de 1.450 trámites de beneficios o anticipos jubilatorios pendientes, un total de 1.000 se encuentran en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y sólo 450 en la Unidad de Control Previsional (UCP).

Paralelamente, le hizo saber que la cantidad de "pasivos eventuales" que se encuentran concluidos y resueltos es de 191, y que un total de 10.645 beneficios fueron transferidos a la Anses en el momento en que se suscribió el convenio de transferencia de la Caja de Previsión a la Nación durante 1997.

Oliva dijo que no consta en el Consejo la cantidad de beneficiarios jubilados de acuerdo a la Ley nacional N° 24.241.

En una nota enviada al gobernador Miguel Saiz, la Defensoría requirió al gobernador que disponga "las medidas conducentes y/o agotar las gestiones a su alcance" para el pago del 82 por ciento a todos los jubilados rionegrinos.

Días atrás, el ingreso en la Legislatura del proyecto ratificatorio del régimen jubilatorio que garantizará el 82 por ciento para la Justicia, instaló el debate y el cuestionamiento por la exclusividad del beneficio a los magistrados y funcionarios de ese Poder.

Públicamente, la Defensoría del Pueblo y el gremio judicial reclaman generalizar ese derecho jubilatorio. Otros sectores plantearon objeciones más reservadas. Los cuestionamientos pronostican un fuerte debate en la Legislatura para su tratamiento en la próxima sesión del 31 de julio o bien directamente quedará para agosto.

El presidente del bloque oficialista, Daniel Sartor, desestimó inconvenientes, pues "sólo es la ratificación de un convenio entre Anses y la Justicia. No tiene ningún costo para la provincia, pues los aportes personales son pagados por los jueces y funcionarios de la Justicia. La Legislatura -aclaró- ratifica o rechaza el convenio, no es que puede abrir el beneficio a otros".