Por otra parte, “se reiteran observaciones relacionadas con el bajo nivel cuantitativo en la producción del IVC”, dijo la Auditoría. Durante el año del estudio, 2006, fueron entregadas 1871 viviendas y, de acuerdo al presupuesto devengado por el Instituto, cada casa costó $ 165.944 (US$ 51.857). En ese período se registró un crecimiento de recursos, sobre todo humanos, respecto de ejercicios anteriores que no impactó sobre los indicadores de gestión: “El aumento del personal no se tradujo en una mejora en la producción del organismo”, aclaró el informe y añadió que el agrupamiento de empleados por área “no parece responder a ningún sustento lógico aparente”.

El IVC cerró su registro de beneficiarios en 2004 con 47.060 inscriptos y, según AGCBA, no generó una nueva clasificación específica de la demanda. “No hay una definición real de la población afectada” por el déficit habitacional, indicó el informe. Esta “indefinición”, que se traduce en no saber para quién construye el Instituto, impide evaluar los resultados y el impacto de sus distintos programas.

Además, “no se evidencian indicadores de riesgo que expliciten la prioridad de las decisiones” tomadas para aplicar esos programas. Por ejemplo, para la AGCBA es “llamativo” que no haya una “debida asignación de recursos” para los planes en donde se presenta una situación habitacional “crítica”, como los conventillos. Asimismo, los resultados del programa de villas, que nació en 1984, son “exiguos”, y sus dificultades tienen que ver, entre otros factores, con “inadecuados procesos de gestión del suelo urbano”: en el caso de la Villa 3, por ejemplo, aún no están transferidas las tierras del Gobierno de la Ciudad al IVC, ni su redistribución predial. Otra irregularidad que descubrió el organismo de control es la “inexistencia de un sistema de selección de beneficiarios organizado en función de su situación de emergencia y la característica del grupo familiar”.

La AGCBA observó que no existe una metodología “única, transparente e informatizada” que permita un adecuado control en el proceso de adjudicación de las viviendas y que su grado de confiabilidad es “bajo”.

“Las debilidades institucionales del IVC inciden negativamente en la mejora directa” de la situación de quienes padecen déficit habitacional, concluyó la Auditoría.