Leche cortada y en estado de conservación “malo”, con “grumos grandes”, con “fuerte olor a metano”, o simplemente “contaminada”, son algunas de las conclusiones de los exámenes técnicos que realizó la Dirección de Higiene y Seguridad Alimentaria en 2004 sobre más de 1.500 muestras de productos lácteos que se entregaron en los comedores escolares de la Ciudad de Buenos Aires entre marzo de 2003 y enero de 2005.

Estas conclusiones también forman parte de los considerandos de la resolución 1506 de diciembre de 2004 con la que el Gobierno porteño rescindió el contrato de concesión con la empresa Cows & Bulls S.A. que se encargó durante dos años de proveer leche entera y yogurt bebible destinados a elaborar desayunos y meriendas para unos 182 mil alumnos menores de 12 años de las escuelas públicas de la Ciudad. 

Tanto las conclusiones de la Dirección de Higiene como los detalles de la licitación 23/03, que otorgó a Cows & Bulls la concesión del servicio, figuran en un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) que, además, puntualiza algunas de las “francas contravenciones a las normas del pliego de bases y condiciones, y a las reglas del Código Alimentario Argentino”, que se detectaron en los lácteos. Por ejemplo, unas muestras de la marca Consomme analizada en marzo de 2004 registraron “caracteres organolépticos alterados”, propios de la leche cortada; en junio, en la Escuela Nº 16 de Villa Crespo, un envase de leche entera UAT homogeneizada (larga vida) que también estaba alterada, “literalmente estalló dentro de una estufa 18 horas después de haber comenzado la incubación”; dos muestras de leche entera larga vida Consomme, examinadas en septiembre, tenían “olor ácido y caracteres sensoriales impropios del producto”; y el yogur sabor frutilla observado en noviembre por el laboratorio de la Facultad de Agronomía de la UBA, presentaba bacterias coliformes y escherichia coli, que causa el síndrome urémico hemolítico.

Estos resultados provocaron la rescisión del contrato “por culpa del adjudicatario”, dice el informe de AGCBA. Pero mientras se realizaban estos exámenes, el Gobierno porteño decidió aumentar el dinero que le pagaba a Cows & Bulls por el servicio de reparto de lácteos.

El Ejecutivo aprobó el pliego de bases y condiciones en enero de 2003 por $ 14.902.963,20, y Cows & Bull comenzó a operar en el comienzo del ciclo lectivo de ese año. El contrato establecía que la leche entera fluida y el yogurt entero bebible debían ser presentados en sachets de litro y que el reparto corría por cuenta de la empresa, que se comprometía entregarlos todos los días en cada escuela entre las 7.30 y las 8.30. Además, se pautó el precio de leche fluida entre $ 1,17 y $ 1,19 por litro, y el de yogurt oscilaba entre $ 1,57 y $ 1,59.

Pasó el primer año de trabajo. Pero en 2004, y “sin autorización alguna, la adjudicataria modificó la provisión de los productos lácteos a partir del 1º de marzo y comenzó a entregar leche larga vida en envase tetra-pack”, afirma la Auditoría. Recién el 16 de abril, Cows & Bulls pidió autorización para cambiar la prestación del servicio y que se la habilite a usar tecnología de esterilización, mediante tratamiento UHT (larga vida), y envases de sistema tetra-pack. Además, la empresa volvió a cotizar los precios de sus productos “sin solicitar a la Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares” la variación del precio, agrega el informe de AGCBA. Así, el litro de leche pasó a costar $ 1,65 y el del yogurt, $ 1,75. La firma también adjuntó presupuestos de otras competidoras que producían lácteos más caros.

Por las características de la leche larga vida y del envase tetra-pack, la nueva modalidad le permitía a Cows & Bulls no tener que hacer la entrega diaria de los productos ni garantizar el almacenamiento y la distribución de los lácteos refrigerados.

Con este panorama, el Gobierno porteño aprobó el pedido de la empresa el 28 de junio de 2004, con retroactividad al 1º de marzo, mediante el decreto 1.149. Es decir que “el acto administrativo que modifica la norma de prestación del suministro es de fecha posterior al comienzo de la nueva prestación”, concluye la Auditoría. Con el decreto también se validaron los nuevos precios del litro de leche y el de yogurt, por lo que el contrato aumentó $ 2.077.125,53.

Por otro lado, la AGCBA solicitó a varios organismos competentes de la Ciudad que hagan estudios para medir el peligro que podrían implicar esos lácteos para los alumnos. Ante el pedido, desde la Dirección de Atención Primaria de Salud respondieron que las muestras de laboratorio analizadas por la UBA “constituyen diversos grados de riesgo de salud para la población expuesta al consumo de dichos alimentos”, y recomendaron “evitar su uso y tomar los recaudos pertinentes”.