La Dirección de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento del Ministerio de Educación porteño incrementó sus gastos de $ 223.510 a $ 3.362.648 entre 2003 y 2006. Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), indica que el aumento, de casi 1.520 %, está relacionado con la utilización del decreto 1.370/01, que habilita desembolsos de imprescindible necesidad sin la obligación de llamar a una licitación. Si bien la norma prevé que su aplicación sea de carácter excepcional, con una justificación de su urgencia incluida, para el organismo de control el uso de esta modalidad constituyó un “método habitual de pago”.

El Ministerio de Educación ejecutó en 2006 el 12 % de su presupuesto total -exceptuando gastos en personal y transferencias-, a través del decreto 1.370/01, es decir, unos $ 33.667.978 por fuera del régimen de contrataciones, “vulnerando lo prescripto en la legislación vigente al momento de la auditoría”, añade el informe de AGCBA. La referencia temporal tiene que ver con que el 14 de septiembre de 2007, durante el período del examen, la norma fue reemplazada por el decreto 1.289 que, si bien derogó lo estipulado en el 1.370/01, también habilitó a aprobar gastos “incumpliendo con la normativa en materia de contrataciones del Estado”.

No obstante, el organismo de control detectó erogaciones a partir del decreto 1.370/01 que, en lugar de ser excepcionales, fueron “esenciales para el cumplimiento de las responsabilidades primarias” del Ministerio. Por ejemplo, la Dirección de Cooperadoras y Comedores escolares ejecutó $ 10.100.609 con esta modalidad. “No se encuentra acreditada la urgencia en 50 casos que representan el 56 % de las actuaciones correspondientes a gastos abonados al amparo del decreto”, señala el informe y agrega que este “mecanismo habitual” sustituyó a la regla general de selección del contratante, con lo que se eludió el proceso de firma de contratos y el establecimiento de derechos y obligaciones de las partes.

Asimismo, la AGCBA añadió que la “dispersión” que presentaban las imputaciones presupuestarias de la cartera educativa “favorece el incumplimiento de las competencias establecidas en el decreto 1.370/01 y dificulta su control”. El informe puntualiza casos que “representan una figura asimilable al desdoblamiento” que vulnera los niveles de autorización previstos en la normativa. Por ejemplo, entre noviembre y diciembre de 2006 se el Ministerio adquirió servicios de artes gráficas en cuatro compras parciales por $ 127.106, todas con el mismo proveedor. Por otra parte, el 18 de diciembre se aprobaron reparaciones y mantenimiento de equipos para un proveedor por $ 80.104,70 en dos disposiciones de numeración consecutiva. Ese día ocurrió lo mismo con tres disposiciones correlativas, de la 3771 a la 3773, por un total de $ 79.393,20 en servicio de fotocopiado.

Además, en más de un programa presupuestario aparecen “importes significativos” imputados a los mismos proveedores. En el rubro servicios de transporte, “por lo menos tres proveedores figuran en 10 u 11 programas por cifras que superan, en promedio, los $ 415 mil”. En ese concepto, el total de dinero gastado mediante el mecanismo de excepción asciende a $ 5.423.864,50. Y en artes gráficas, “esta situación se verifica con cuatro proveedores que, en forma individual, participan con montos promedio de $ 207 mil en tres, cuatro y hasta cinco programas”, completa la Auditoría.