Tras diez años de gestión de la empresa Iberia en Aerolíneas Argentinas (ARSA), entre 1990 y 1999, la línea de bandera presentaba “pérdidas que la hacían incurrir en causa de disolución y liquidación según las leyes argentinas”, según un informe del propio Tribunal de Cuentas español.

Cuando promediaba ese lapso,la Auditoría Generaldela Nación(AGN), analizó las inversiones de Iberia en materia de infraestructura y servicios, incorporación de aviones y repuestos entre 1990 y 1994. Por los tres ítems, la firma española debía destinar US$ 683.865.000, pero gastó US$ 268.258.825, el 39,2 % de lo comprometido.

 

El organismo de control dividió su tarea en dos períodos. Por una parte, trabajó sobre los compromisos asumidos por Iberia desde la privatización de 1990 hasta el 22 de julio de 1992, cuando el Estado acordó con la empresa unas “modificaciones sustanciales a lo estipulado en el pliego de ofertas y contratos".

 

En esa etapa, Iberia incorporó el primer avión “con una demora de 16 meses respecto de los plazos previstos”, dicela AGN. Peroluego, este avión fue vendido para ser reincorporado a la flota a través de un contrato de alquiler con opción a compra, o leasing. En cuanto a los repuestos, la firma gastó US$ 939.056 aunque su compromiso inicial había sido de US$ 2.696.424. Sobre infraestructura y servicios, Iberia computó como “inversiones” US$ 16.551.620 en operaciones de leasing y US$ 7.376.339 en contratos de alquiler. El informe de AGN dice que “la incorporación de los conceptos de leasing y alquiler respecto de bienes muebles no resulta claramente admisible de acuerdo con la documentación del Plan de Inversiones”.

 

La falta de inversión, sumada a otros incumplimientos registrados en esos dos años, habilitaba la posibilidad de sancionar a la empresa según los artículos 26 y 27 del Pliego de Concesión, es decir, con la ejecución de garantías o la declaración de caducidad de los derechos de Aerolíneas como línea de bandera. Pero ninguna de esas medidas fue aplicada.

 

Por otra parte, el organismo de control auditó lo ocurrido entre el 22 de julio de 1992 y el 30 de marzo de 1994, el día que el Gobierno argentino autorizó a Iberia a aumentar el capital social de Aerolíneas y, a la vez, redujo su participación en la línea al 5 % del capital accionario y eliminó su derecho a veto en determinadas decisiones administrativas de la compañía (Ver Aerolíneas Argentinas y la ausencia de control por parte del Estado).

 

Hasta ese acuerdo, Iberia debía incorporar 11 aviones, pero sólo sumó seis. De ese total, usó la modalidad de leasing para tres aeronaves y, aunque compró las otras tres, luego las vendió y las reincorporó también a través de leasing. En números, la empresa invirtió US$ 184.763.207 lo que representó un 43 % de las sumas comprometidas para el rubro. Mientras que en infraestructura y servicios, la firma debía haber gastado US$ 25 millones, pero desembolsó un 76 % menos de lo previsto, es decir, $ 6.577.168.

 

El informe de AGN agrega que Iberia no incorporó “ninguno de los 36 destinos internacionales incluidos en el plan de inversiones”, y, en cuanto a los vuelos de cabotaje, se registró la “falta de un control eficaz” en el cumplimiento de los servicios. De hecho, “sólo se consideraban las demoras en las salidas y/o llegadas al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery”, y se carecía de información de los restantes aeródromos del país. Además,la Auditoríadetectó una “sensible disminución de la frecuencia de servicios” en algunas escalas. Por último, el organismo de control se encontró al momento de su trabajo con un “sumario por falta de explotación de nueve rutas concedidas a Aerolíneas Argentinas”, en el quela Dirección Nacionalde Transporte Aerocomercial intentaba determinar si correspondía o no la caducidad de la concesión.