Publicado: 6-08-08

Por otro camino, la Justicia investiga la responsabilidad penal de Víctor Brandán en el ejercicio de la función pública. En marzo de este año, la fiscal de instrucción Patricia Olmi solicitó mediante oficio que el Tribunal de Cuentas amplíe el informe de la auditoría que ya se había realizado sobre la gestión del gremialista Víctor Hugo Brandán como subsecretario de Acción Social en los últimos tres trimestres de 2003.

Desde el Tribunal de Cuentas confirmaron que ya se remitió la totalidad de los informes que hasta ahora se instruyeron en el organismo. Según se informó una parte fue remitida en febrero de este año y el 23 de abril finalizó el envío de copias de las últimas actuaciones realizadas (78 copias). No obstante, el TC continúa la investigación del área ya que todavía no se le ha dado punto final.

La causa en contra de Brandán fue reactivada en diciembre pasado, cuando el titular de la UOCRA concluyó su gestión como diputado provincial. Si bien la investigación se inició por una denuncia que en el 2004 radicó el diputado provincial Fidel Sáenz, el principal sospechoso nunca pudo ser indagado porque gozaba de la inmunidad que le otorgaban sus fueros legislativos.

Brandán, que es secretario general de la UOCRA, no pudo ser indagado por la fiscal Patricia Olmi porque el oficialismo se negó a aprobar un pedido de desafuero planteado por el juez de Garantías Jorge Rolando Palacios en mayo de 2005. Su situación procesal se mantiene irresuelta desde entonces, ya que al no prestar declaración indagatoria no se puede avanzar en el procesamiento o la absolución.

A partir de su nueva situación, la fiscal Olmi, que ya contaba con un informe del Tribunal de Cuenta, solicitó su ampliación para determinar los alcances de las maniobras realizadas durante la gestión de Brandán.

Hay que recordar que para el pedido de desafuero, Palacios tuvo en cuenta el informe de auditoría del Tribunal de Cuentas sobre las contrataciones efectuadas por el área.

Entre otras cosas, el magistrado reseña "la inexistencia de organización y

previsión en la adquisición de alimentos destinados a la población" y resalta la imposibilidad de determinar en forma fehaciente que los artículos fueron recibidos por los presuntos beneficiarios.

También subrayó el juez que "al no existir licitación se observa que todos los proveedores en todos los expedientes resultan comunes y que no se aplicaron los principios generales de toda contratación: concurrencia, publicidad, igualdad de posibilidades de rango constitucional".

La causa actualmente en manos de la fiscal Olmi gira en torno a la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos y también de fraude en perjuicio de la administración pública.

La primera de las figuras delictivas se daría en la utilización de fondos que tenían por objetivo asistir a la población sin recursos, aunque en la lista figuran rubros tan diversos como la compra de juegos de ingenio.