La Dirección de Festivales de la Ciudad de Buenos Aires contrató proveedores para la producción de eventos culturales sin contar con presupuestos alternativos que comprueben la elección de las ofertas más favorables, y justificó como gastos de necesidad y urgencia el 39,4 por ciento de las erogaciones del ejercicio 2006 destinadas a la realización de festivales como el BAFICI, el Campeonato Mundial de Baile de Tango y la muestra Estudio Abierto. El dato surge de un informe de la Auditoría General porteña (AGCBA), que analizó los fondos ejecutados por la dependencia del Ministerio de Cultura en concepto de contratos, caja chica y los “gastos de imprescindible necesidad” que prevé el decreto 1370/01, y concluyó que “los eventos no fueron planificados en tiempo y forma, lo que imposibilitó el total cumplimiento de la normativa vigente”.

Según esta normativa, las resoluciones que otorgan los fondos para las cajas chicas establecen que los comprobantes de gastos superiores a $ 1.600 deben estar respaldados por documentos que demuestren que se adjudicó “la oferta más conveniente entre, al menos, tres presupuestos”, y, en caso contrario, “la rendición debe contener una fundamentación completa de tal imposibilidad”.

La Auditoría revisó 167 comprobantes que correspondieron a la organización del BAFICI 2006 y detectó que 35 superaban los $ 1.600. De esas 35 facturas, los dos presupuestos alternativos que establece la reglamentación figuraban sólo en 11, aunque sin la firma de los oferentes. Y, de las 24 restantes, 22 justificaban la falta de posibles propuestas pero no tenían fecha de emisión. Al margen de esto, el organismo de control no logró verificar la justificación de dos viajes, uno al exterior por $ 5.458 y otro de cabotaje por $ 1.647 que se rindieron en mayo de 2006, con fecha posterior a la realización del BAFICI, que se hizo en abril.

Por otra parte, hubo rubros como “servicio de catering”, “asesoramiento sobre sonido e iluminación para la fiesta de cierre del festival”, y “diseño sonoro para la proyección de un film”, que se justificaron como gastos de necesidad y urgencia.

En 2006 se organizó la última edición de la muestra Estudio Abierto en el Palacio de Correos. Según la AGCBA, para la preproducción, refacción del predio, contratación de artistas y otros compromisos, la Dirección de Festivales gastó seis veces más de lo que había planeado originalmente, y hasta debió solicitar una nueva ampliación de fondos días antes del cierre del festival. De las 27 facturas que superaban los $ 1.600, 16 tenían presupuestos alternativos, aunque con varias irregularidades: en algunos casos “no se adjuntaba el presupuesto del adjudicado y no estaban debidamente firmadas las ofertas alternativas”. Incluso hubo un proveedor que fue adjudicado sin ser el más conveniente. La Auditoría detectó la rendición de la factura de un oferente por $ 13.794 de anticipo y otra por $ 44.462,40 en la Rendición Final. Ese total, $ 54.256,40, superó por 18,49 % y 10,77 % a los presupuestos alternativos.

Para el organismo de control, el porcentaje de los pagos que hizo la Dirección de Festivales a través del decreto 1370/01 (modalidad de “necesidad y urgencia”), evidencia la “falta de previsión” en la organización de los eventos que están bajo su órbita. Y agrega que el 43,57 % de los gastos gestionados bajo esa modalidad “no cumple la norma legal vigente en materia de contrataciones públicas”.

Asimismo, otro decreto, el 834/02, estableció “convenios de colaboración” para que organismos, instituciones y empresas puedan contribuir en la producción de los eventos incluidos en el Programa de Festivales de la Ciudad (PROFECI). La medida prevé que esa colaboración sólo consistirá en el aporte de bienes y servicios “a título gratuito” para el Gobierno porteño y que “en ningún caso podrá ser dinero en efectivo”. Sin embargo, la ACGBA descubrió un convenio de 2006 en el que una financiera se comprometió a “proveer por sí o a través de terceros, pesos para ser utilizados por la producción”, de la muestra Estudio Abierto. Más allá de no cumplir con lo que establece la norma vigente, en la rendición final no se adjuntó el detalle de la compra que estaba prevista en ese convenio firmado, es decir que no se supo en qué se usó ese dinero.

La Auditoría indicó que no existe un registro formal de la totalidad de los convenios de colaboración celebrados y que en el 76 % de los casos relevados, las resoluciones que los aprueban están fechadas con posterioridad a la realización del festival correspondiente.