Río Cuarto. Trascendió ayer una de las primeras disidencias surgidas en el flamante Tribunal de Cuentas de Río Cuarto. Los dos miembros de la mayoría, Graciela Gaumet y Juan Carlos Angeloni, avalaron una contratación directa de la Secretaría de Economía por más de 78 mil pesos, para dotar de un sistema de alarma y seguridad a sus nuevas dependencias, ubicadas en calle Constitución, en pleno microcentro de la ciudad.

En tanto, Aroldo Arguello (PJ) y Antonio Alonso (Fregen) rechazaron la resolución por interpretar que no existen razones de necesidad y urgencia, "porque la locación del inmueble se realizó el año pasado" y "bien pudo la secretaría haber llamado a concurso de precios".

Las oficinas, alquiladas meses antes de las elecciones (según versiones por 30 mil pesos mensuales), ya habían demandado una inversión de 240 mil pesos en tareas de refuncionalización y una cifra similar para amoblamiento. Allí funcionarán todas las reparticiones de Economía, área que sigue a cargo de Marcelo Terzo (secretario de la administración municipal anterior).

Con el fin de "resguardar los fondos en tránsito y la atención al público en materia relacionada con la percepción de recursos y pago a proveedores", Terzo dispuso contratar en forma directa a la firma Salvac SRL, que ya provee el servicio de seguridad a los dispensarios municipales. Argumentó razones de "necesidad y urgencia" ante posibles siniestros.

El oficialismo en el Tribunal convalidó el contrato que contempla un sistema de alarma para el tesoro, planta baja, primero y segundo piso; servicio de circuito cerrado de televisión y detección de incendios; por un total de 78.280 pesos. A esta cifra se le suma un cargo mensual por monitoreo y mantenimiento de 956 pesos. Opositores criticaron no sólo la contratación directa sino la erogación en nuevas dependencias cuando Economía plantea la necesidad de recortar gastos.

Proyecto. En otro orden, el bloque unipersonal del ARI en el Concejo Deliberante de Río Cuarto, presentó ayer un proyecto de ordenanza por el que se prohibiría a quienes han sido designados como funcionarios políticos, participar en los concursos públicos de aspirantes para ingresar a la administración municipal mientras estén en funciones.

El edil Eduardo Scoppa, reclamó "que el haberse desempeñado en un cargo político no acredite antigüedad para las ponderaciones de los concursos".

Entre otros datos, planteó que varios subsecretarios y secretarios de la administración anterior participaron en controvertidos concursos para "blanquear" su incorporación a la planta permanente del municipio.