La construcción de viviendas para los sectores más vulnerables promoviendo a su vez la participación de los beneficiarios es una actividad compleja porque tiene que dar respuesta a necesidades propias de la población atendida. No se trata solamente de construcciones de calidad a los mejores precios posibles sino que también se deben desarrollar acciones que compensen carencias varias de los destinatarios de las obras: gestiones para respaldar la titularidad de los terrenos y de las viviendas terminadas; conexiones a servicios en tiempo oportuno;  casas adaptadas a los grupos familiares futuros propietarios, cuadrillas de trabajo a las que le sean respetados todos sus derechos laborales.

Este nuevo informe sobre el Programa Sueños Compartidos, elaborado por la Auditoría General de la Nación (AGN) detalló serias irregularidades en todos los aspectos mencionados: en las construcciones, en el pago de las cargas sociales de los obreros, en el manejo del dinero y su falta de controles. No es el primer caso en el que una auditoría detecta sobreprecios en las viviendas sociales. Ya lo hizo el organismo de control porteño años atrás cuando señaló que en la Ciudad el metro cuadrado de las casas sociales era más caro que el de las lujosas.

El trabajo de la auditoría nacional tiene algunos condimentos extra que fueron en definitiva los que lo hicieron trascender: la Fundación de Madre de Plaza de Mayo, presidida por Hebe de Bonafini, como distribuidora de los fondos y a los hermanos Shocklender involucrados en una causa por defraudación. Detrás de lo mediático, el mismo fondo que todos parecen olvidar: los sectores más vulnerables.


El Programa Misión Sueños Compartidos de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo se encarga de “la construcción de viviendas, obras públicas de interés social, infraestructura y equipamiento”. Una de las observaciones más llamativas que realizó la AGN sobre las casas sociales es que “en el 76,92% de las obras el valor del metro cuadrado superó al fijado por Techo Digno”. Por ejemplo, en la construcción del Barrio Santa Sylvina en Chaco “el costo fue superado en un 41,92%”.

Con la excepción del Barrio Travesía de Rosario, “el diseño de las viviendas no se hizo en función de las características de los grupos familiares para quienes se hacían”, mientras que las viviendas construidas para discapacitados “resultaron ser un tercio menor a lo establecido en el convenio”.

Un dato técnico, sobre la Unidad Ejecutora es que en principio era la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda pero que luego fue reemplazada por la de Obras Públicas sin un acto administrativo que avale el traspaso de responsabilidades. De hecho, “el equipo de auditoría no pudo tener a la vista la documentación que respalde la conveniencia del cambio”. 

En lo que respecta puntualmente a la construcción, “las Unidades Ejecutoras Nacionales otorgaron la No Objeción Técnica a las solicitudes de obras relevadas por la auditoría pese a que no cumplían requisitos exigibles como estudios de impacto ambiental, de no inundabilidad y de suelo”. Tampoco “fueron completados los tramites municipales pertinentes ni se detectaron controles algunos por parte de estas Unidades”.  

Los auditores verificaron “inconsistencias” respecto a los predios donde se ubicaron las obras. Es el caso de los Barrios Travesía del Rosario y El Garrote de Tigre que tenían problemas “dominiales”. En el primero, “la autorización para el uso del sitio se produjo un año después del comienzo de las tareas”. En el municipio bonaerense, hasta el 20 de marzo de 2012, fecha en que los auditores visitaron el lugar, “no se había perfeccionado la transferencia del inmueble, por lo que aún se encontraba en proceso de compra”.

En El Garrote, la AGN detectó también que “las viviendas terminadas no pudieron ser entregadas por la falta de obras de los nexos de infraestructura a los servicios de agua, cloaca o gas. Esto no solo impide dar una solución habitacional a los vecinos sino que, al no estar habitadas, trae como riesgo la posibilidad de que sean tomadas o se deterioren”. 

En la Travesía del Rosario, “se encontraron deficiencias en el escurrimiento pluvial de los patios comunes, por lo que el agua se cuela por debajo de la platea y compromete a toda la construcción”. También se vieron “filtraciones dentro de las casas y deficiencias en los revoques que a futuro posiblemente cause fisuras y grietas de difícil resolución”. 

La muestra, es decir la selección de obras que iban a ser evaluadas para realizar el informe, la elaboraron entre la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso y la AGN. Un hecho destacable es que a la hora de mirar quiénes gobiernan las jurisdicciones que se auditaron, la pluralidad es total. Entre otras figuras las de Santa Sylvina en Chaco, Barrio Travesía en Santa Fe, El Garrote en Tigre, Villa 15 en la Ciudad de Buenos Aires y el Barrio del Carmen en Santiago del Estero.

El informe detalla que “en el 23% de las obras no se respetó el lugar físico del barrio que se proyectó urbanizar pese a que era uno de los principales objetivos del Programe Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos”. 

Sobre los obreros

Es por demás alarmante que la Fundación de Madre de Plaza de Mayo haya “incumplido con las obligaciones de pago de aportes y contribuciones de la Seguridad Social” ante la AFIP, “situación que podría llegar a configurar un ilícito penal” y que “no fue denunciada por los organismos que deben controlarlo”. 

Con el objetivo de que la Fundación se pusiera en regla, la AFIP “otorgó un plan de facilidades en 108 cuotas por un monto total de casi $147 millones” con vencimiento en julio de 2012. Pese a la ayuda recibida por el organismo fiscalizador de ingresos públicos, la entidad presidida por Bonafini “no regularizó su situación”. La deuda total, con las correspondientes multas y los intereses resarcitorios calculados por la AGN, a febrero de 2013 era de $237 millones.

Más grave es aún que “no solo se incumplió con el objetivo central de que los proyectos financiados por el Gobierno Nacional brinden a los trabajadores un empleo en condiciones legales, con el fin de apuntar a la integración social” sino que el no pago de las cargas sociales demuestra “debilidades en la protección del trabajador de acuerdo con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”. 

La mano en los fondos

La Auditoría nacional halló “pagos por $225.000 a funcionarios públicos de nivel nacional y provincial que debían controlar las gestiones realizadas por la Fundación". Entre los beneficiarios se encuentra el ex presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad y actual asesor de la Subsecretaria de Obras Públicas de la Nación, Claudio Freidin y el ex presidente de Instituto Nacional de Viviendas de Santiago del Estero, Daniel Nasif.

La Fundación también realizó pagos a personas jurídicas cuya actividad, según los datos de la AFIP, no se encuentran relacionadas con la gestión de obras. Los destinatarios “fueron 405 empresas entre las que hay agropecuarias, mutuales, cooperativas, bursátiles y financieras”. En un primer endoso, este conglomerado recibió un importe de casi $123 millones. Si se tiene en cuenta que el monto transferido a Cementos Avellaneda SA, empresa vinculada con la construcción, fue de $62 millones, la cifra toma mayor relevancia.

En suma, los montos girados a empresas no relacionadas con las obras representan el 19,82% del total de fondos que la Fundación de Madres recibió para ejecutar en la construcción de viviendas mediante el Programa Sueños Compartidos. El Gobierno Nacional le transfirió a la Fundación Madres de Plaza de Mayo $765 millones. 

A los pagos mencionados se suman los efectuados a personas físicas y jurídicas investigadas en la causa penal caratulada "Shoklender Sergio y otros sobre defraudación contra la Administración Pública". De todos ellos, por la información disponible, la AGN "no pudo establecer la procedencia".

Sergio Mauricio Shocklender   $23.189.924,06

Pablo Guillermo Shocklender   $13.334.540,00

MELDOREK S.A.   $4.010.409,40

ANTARTICA ARGENTINA S.A.   $3.736.300,00

IPTICKET S.R.L.   $3.503.896,26

PASART S.R.L.   $1.324.887,73

Alejandro Gotkin   $994.040,35

Monetización   $678.040,06

La lista sigue y asciende a un total de $52 millones.

Más con más, menos
 
•    La construcción de viviendas se le adjudicó a la Fundación de Madres de Plaza de Mayo en forma directa, sin sustento legal válido.

•    Las trasferencias tenían dos fases: la primera era desde el Gobierno nacional al provincial o municipal y la segunda, de estos a las cuentas bancarias de la Fundación en su carácter de empresa constructora. Salvo la Municipalidad de Rosario, todas las jurisdicciones se retrasaron en la rendición de cuentas. Pese a ello, la Unidad Ejecutora Nacional no impulsó reclamo alguno por los montos no rendidos.

•    En el convenio de financiación de la obra en Castañares, de la Ciudad de Buenos Aires, la autenticidad de la firma de los representantes de la Asociación Vecinal fue cuestionada por ellos mismos.
 
•    Al realizarse los cierres financieros se detectaron inconsistencias que no fueron cuestionadas por la Secretaria de Obras Públicas
 
•    En las obras del Chaco se utilizaron fondos del Gobierno Nacional para cancelar conceptos no autorizados
 
•    La secretaría de Obras Públicas demoró tres meses en responderle a la AGN con la documentación solicitada, la Secretaría de Empleo tardó cinco y la AFIP entre dos y seis meses, como ya consigno tiempo atrás El Auditor.info.