La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) presentó un informe sobre la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) del gobierno porteño durante el segundo semestre de 2019. Entre los principales hallazgos, encontraron líneas presupuestarias que no se correspondían con actividades relacionadas, retrasos en las tareas de relocalización de familias y errores en los registros de acciones de entes descentralizados que tienen competencias relacionadas al saneamiento.

El objetivo de la auditoría fue fiscalizar los aspectos legales, financieros y técnicos de los contratos y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del PISA y verificar la asignación de fondos y la ejecución presupuestaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Cambios en la estructura y problemas en los presupuestos

Desde el año 2008 está vigente la sentencia dictada por la Corte Suprema tras el fallo Mendoza para reparar la contaminación en la zona. El objetivo de la misma es revertir el deterioro de la naturaleza y el impacto que esto tuvo en la vida de los habitantes, adjudicándole a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y a todas las jurisdicciones responsables la realización de diversas acciones.

Como consecuencia del fallo, en 2013 el poder ejecutivo de CABA creó la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza - Riachuelo (UPE CUMAR) con rango de subsecretaría dentro del Ministerio de Gobierno. Su finalidad específica era articular y coordinar las actividades y proyectos entre las diversas áreas con ACUMAR, la justicia y las otras jurisdicciones intervinientes en la causa. Con el cambio de las estructuras hacia finales de 2019, la UPE fue disuelta y sus funciones quedaron subsumidas en dos áreas: la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Políticas Metropolitanas (SSAIYPM), y la Dirección General de Políticas y Estrategias Metropolitanas (DGPEM). Por lo tanto, las cuestiones del saneamiento no sólo perdieron su nombre, sino que quedaron mezcladas con otras problemáticas del Área Metropolitana y la articulación debió darse, no ya con 14 municipios pertenecientes a la cuenca, sino con los 40 que integran el AMBA, perdiendo el objetivo principal.

Según el informe, el monto de inversiones realizadas por el Estado local aprobadas por ACUMAR se mantuvo relativamente estable en los últimos 3 años: en 2017 fue de $1.910.979.216 y en 2018 fue de $2.146.145.174. Para el 2019, la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Políticas Metropolitanas presentó a ACUMAR un PISA CABA de $8.499.201.165, de los cuales la Autoridad aprobó $5.277.240.586. A pesar que tanto tanto ella como la DGPEM manifestaron que habían mantenido los criterios para la confección y aprobación del Plan, se verificó que se habían incluido acciones no identificadas con el saneamiento que representaron el 54,58 % de la inversión, lo que se traduce en $2.288.547.213. Este monto fue destinado a actividades complementarias, no relacionadas directamente con la reparación de la cuenca.

Además, el organismo de control detectó una falta de identificación de las inversiones vinculadas al PISA en los presupuestos de 2019 de las empresas AUSA SA y Corporación Buenos Aires Sur, y fallas en el control interno por parte de la Agencia de Protección Ambiental de CABA (APRA) dado que no caratuló a los informes con las denominaciones que les otorgarían la formalidad legal administrativa necesaria.

Relocalizaciones

Una de las prioridades establecidas en el fallo Mendoza fue acelerar la liberación del Camino de Sirga a la altura de las villas 21-24 y 26. Sin embargo, a más de 10 años del compromiso contraído, la jurisdicción no ha dado cumplimiento total.

Por otro lado, aunque se debían relocalizar a 2527 familias, todavía se encuentran pendientes 1029. Además, se han entregado 1270 soluciones habitacionales y faltan entregar 1151 viviendas, y los plazos comprometidos se encuentran vencidos. 

Según el organismo de control, la inversión en el saneamiento del Riachuelo ha crecido más del doble, pero los mayores montos se corresponden con obras de viviendas que la Ciudad lleva adelante que no están relacionadas con las relocalizaciones pendientes de la ribera. Asimismo, no pudieron controlar sus procesos de contratación y etapas iniciales de obra correspondientes a otros períodos.

En este sentido, AGCBA explica que el objetivo a futuro debería ser concentrar los recursos para cumplir con la planificación y los tiempos, de manera de optimizar los fondos disponibles en el presupuesto para el saneamiento.

Control Industrial

Mediante la ley 3947, la legislatura de CABA instruyó al Poder Ejecutivo para que, en forma coordinada con ACUMAR, empadrone a todos los establecimientos y empresas radicados en el ámbito de la cuenca, detallando domicilio, actividad, modo de producción, cantidad de empleados, forma de tratamiento y eliminación de los residuos, a los efectos de tener más información y mayor control sobre la contaminación de origen industrial. El cumplimiento de esta norma todavía se encuentra pendiente y el Ejecutivo manifiesta que ACUMAR es la institución que tiene la competencia de enlistar a las empresas. 

En vistas de este conflicto, el organismo de control consideró que sería importante que la ciudad ejerciera su propia facultad de elaborar su base de datos, dado que ello emana de la ley mencionada como una obligación.

AGCBA revisó los datos de establecimientos en la web de ACUMAR y alertó que la información presenta fallas graves y no es consistente.

Cabe aclarar que en CABA la situación de la cuenca es considerada emergencia ambiental y sanitaria. La primera ley mediante la cual se estableció dicho carácter fue la 2057 de 2006. En tanto que en 2011 se aprobó la ley 3947, ampliándose y declarando además la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria por cinco años. Esta última fue prorrogada en sucesivas ocasiones hasta la actualidad.

Por otro lado, AGCBA revisó los datos publicados en el sitio web de ACUMAR, que informan que a octubre de 2019 los establecimientos radicados en el ámbito de la ciudad eran 5255, distribuidos en las comunas N° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 15. Sin embargo, el organismo alertó que dicha información presenta fallas graves y no es consistente, dado que la página arroja resultados variables y la comuna 15 no se encuentra incluida en la cuenca. 

Reparación ecológica

Respecto a la reparación ecológica de la cuenca, en CABA se lleva a cabo el Programa Presupuestario N°102 “Acciones para la Restauración Ecológica”, que fue etiquetado con la Línea de Acción 11 - “Contaminación Ambiental” en el presupuesto aprobado para 2019. De acuerdo con la Auditoría, las acciones y actividades realizadas en el mismo no presentan vinculación con los componentes referidos a la atención de los daños ambientales producidos por la contaminación industrial. 

Pese a eso, AGCBA rescata que la propuesta es instructiva y educativa desde los aspectos de salud, ambiental, estético urbano, en cuestión de conformación de nuevos paisajes en la ciudad. Además, el organismo de control destacó que es interesante en términos sociales porque conforma grupos de trabajo local, y que está en línea con la recuperación de sitios degradados, el respeto y revaloración de la fauna y flora autóctona.

En este sentido, APRA cumple las metas de educar desde el aspecto ambiental y de recomponer el suelo desde la agricultura urbana. Es por ello que destacaron su relación con el ODS 15 de Naciones Unidas, cuyo fin es promover ecosistemas terrestres, la gestión sostenible de las superficies forestales, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica.