El fondo de emergencia agropecuaria que “siempre se subejecutó”
El FONEDA fue creado para mitigar el impacto de inundaciones y sequías. Asciende a $ 500 millones por año, pero hubo ejercicios en los que no se repartió ni el 20%. Según la AGN, no hay criterios claros para entregar el dinero, las ayudas demoran casi 200 días en llegar a destino y el 41% de los expedientes no tienen rendiciones de cuentas.
Si bien el Estado cuenta con un fondo para remediar el impacto de inundaciones, sequías, incendios y hasta erupciones volcánicas en zonas agropecuarias, un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) señaló que esos recursos “siempre se subejecutaron”, y que incluso hubo un año en el que no se repartió ni el 20% del dinero disponible.
Se trata del llamado Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA), surgido a raíz de la ley 26.509 de 2009, que creó un sistema institucional y de gestión destinado a enfrentar los distintos factores que puedan afectar al campo productivo.
Según la AGN, la norma en cuestión estableció un piso presupuestario de $ 500 millones por año para el FONEDA y estos fueron los porcentajes de ejecución durante el lapso que abarcó la investigación:
2012: 17.12%
2013: 34.91%
2014: 45.78%
2015: 69.56%
2016: 85.92%
Para el organismo de control, la clave en la conformación del Fondo es que “ese monto (los 500 millones) siempre fue fijo, sin importar la cantidad de situaciones de emergencias y/o desastres declaradas; es decir, sin contemplar el grado de afectación de las producciones agrícola ganaderas del país y su impacto. De esta manera -continuaron los técnicos-, en los años en que se suscitaron (más eventos), el presupuesto no fue suficiente” para atenderlos.
No obstante, el informe remarcó que, pese a los grados de subejecución, hubo dos dependencias del Ministerio de Agroindustria (la Dirección Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios y una Secretaría Técnica) que “recomendaban acotar los aportes solicitados (desde las zonas afectadas) debido a la demanda que se debía atender”.
¿En qué consistía esa demanda? La Auditoría contabilizó entre 2010 y 2016 unas “264 declaraciones de emergencias y/o desastres, y las dos causas principales fueron: sequías con el 33% de los casos (88), e inundaciones, que acumularon el 24% (63)”.
Sobre el reparto de dinero
Por otra parte, la AGN resaltó que el Ministerio de Agroindustria “no implementó el Registro Único de Productores, para contar con información estandarizada y poder individualizar a los beneficiarios directos de la ley 26.509”.
¿Qué impacto tiene esta “omisión”, a palabras de los investigadores? Básicamente, no permitió cumplir con el artículo 24 de la mencionada norma, que impone el principio de equidad en el reparto del FONEDA y la priorización de los productores agropecuarios considerados como agricultores familiares.
No se pudo verificar si las ayudas priorizaron a los pequeños productores
Asimismo, la Auditoría reveló que tampoco se idearon mecanismos de seguimiento para verificar si los pequeños productores fueron prioridad a la hora de recibir las ayudas económicas.
Además, “no se establecieron criterios claros para aprobar y otorgar los fondos solicitados”, y la Dirección Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios “tampoco elaboró informes que registren la cantidad de productores afectados y asistidos en cada año, y cuantifiquen las pérdidas económicas totales y el impacto o grado de recuperación, una vez asistida la zona declarada en emergencia y/o desastre”, detalló la investigación.
Demoras y rendiciones
La AGN analizó los distintos momentos del proceso de ayuda económica en caso de desastre. Por ejemplo, en primer lugar aparece la declaración provincial de la emergencia agropecuaria; luego viene la reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEYDA); la emisión de la Resolución de emergencia emitida por el Ministerio de Agroindustria; la firma del Convenio entre el Ministerio y la Provincia o Municipio afectado; y finalmente el pago del apoyo financiero.
Frente a este derrotero, el organismo de control señala una “gestión poco eficiente”, ya que el tiempo promedio transcurrido desde que una provincia declara la emergencia hasta que recibe el apoyo financiero suma 198 días; y que mientras el caso más eficiente fue de 93 días, el de mayor tardanza insumió 278 días.
Por otro lado, la Auditoría analizó una muestra de 95 expedientes correspondientes a sequías, inundaciones y desastres agropecuarios originados por cenizas volcánicas y, de ese total “el 41 por ciento no posee informe de rendición de cuentas, es decir, no se pudo verificar que los recursos asignados fueran destinados a los fines propuestos”.
Y en los casos que sí tenían rendición, se descubrió que la Dirección Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios “no exige a la contraparte (provincias, municipios) que presente documentación complementaria que acredite los resultados alcanzados” con la ayuda económica.
