El río contaminado y la AGN: la historia que comenzó con un fallo de la Corte Suprema
En julio de 2008 el máximo tribunal exhortó a la Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires a sanear el Riachuelo. Desde entonces, la AGN realizó cuatro informes. Hay observaciones recurrentes: nunca se implementó el fondo de compensación ambiental y, si bien ejecutaron más presupuesto, los montos nunca llegaron a superar el 70% del dinero disponible.
Desde el fallo de la Corte Suprema nacional que exhortó a tres gobiernos a sanear el Riachuelo, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizó cuatro informes especiales sobre la asignación y ejecución de fondos destinados a programas ambientales, más una ampliación de datos a pedido de la justicia. Y, pese al tiempo transcurrido, las investigaciones muestran observaciones recurrentes en cuanto a la administración de los recursos, como subejecución de partidas, deficiencias en procesos de contratación y debilidades de control.
La decisión del máximo tribunal se conoció el 8 de julio de 2008. Ese fallo ordenó a los estados Nacional, de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires a poner en marcha las medidas para paliar la situación de uno de los cursos de agua más contaminados del mundo, mediante la labor de un ente tripartito, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR).
Capítulo uno
El primero de los informes de la AGN fue aprobado en marzo de 2009 y analizó la ejecución presupuestaria de la ACUMAR durante el ejercicio 2007, hasta el 30 de septiembre de 2008. Una de las dificultades que afrontó el organismo de control durante su análisis, que también se repitió en el segundo informe, fue que por aquellos días la Autoridad no tenía Servicio Administrativo Financiero (SAF) propio, un área que debía conformarse en septiembre de 2007, lo que quiere decir que, tanto ese año como en 2008, la que recibió el presupuesto para sanear el Riachuelo fue la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que transfirió las partidas al ente tripartito. El SAF de la ACUMAR se hizo operativo recién en abril de 2009.
Entre los programas de la Autoridad se destaca el 33, Integral Cuenca Matanza Riachuelo, que en 2007 vio reducida su partida en $ 100.297.238, un 22% del total. Pese al recorte, la ejecución de la iniciativa fue del 31%, $ 11,2 millones, sobre un crédito de $ 36,2 millones.
Al programa 34, Gestión Ambiental Matanza Riachuelo BID 1059/AC-AR, no le fue mucho mejor. La iniciativa, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, registró en 2007 una ejecución del 20,8%, $ 14,5 millones sobre una partida de casi $ 70 millones.
En total, durante 2007 la ACUMAR tenía un crédito de $ 106,5 millones, de los que devengó $ 26,1 millones, el 24,5%. Mientras que, hasta el 30 de septiembre del año siguiente, se devengaron $ 18 millones sobre un crédito total de $ 150,8 millones, casi el 12%.
Hubo otra limitación en la investigación: la AGN no recibió la totalidad de la información -que pidió tres veces- sobre unos $ 15.148.228.
En los primeros dos informes también se observaron debilidades de control interno en el proceso de contratación de obras, deficiencias en el armado y compaginación de los expedientes y gastos incorrectamente imputados. Por ejemplo, en 2007 la ACUMAR informó erogaciones del programa 33 por $ 5,2 millones, aunque la AGN pudo verificar sólo $ 1,1 millón; y, un año más tarde, lo informado fue de casi $ 1,4 millón, pero el organismo de control no pudo chequear que se haya gastado ni un solo peso.
Por el mismo programa, el 33, se contrató la provisión de agua para la Villa Inflamable a la empresa Aguas Danone Argentina por montos de $ 684 mil en 2007 y $ 463 mil en 2008. Ambas operaciones fueron realizadas mediante la modalidad legítimo abono y, por los montos en juegos, la AGN dijo que debió haberse usado una contratación regular.
Además, para la AGN hubo otra contratación directa que, por lo que se pagó, también tendría que haber pasado por un proceso de licitación pública. Se trató del servicio de limpieza y mantenimiento del Espejo Agua Río Matanza Riachuelo, que costó $ 2.170.014. En este caso, la empresa en cuestión fue Rowing S.A.
Asimismo, los informes destacaron demoras en procesos de licitación y adjudicación de contratos. Así pasó con la construcción de obras complementarias del sistema de redes de desagües en La Matanza, por $ 41 millones. El organismo de control detectó que, desde la apertura del primer sobre hasta el inicio de la obra pasaron un año y nueve meses.
Capítulo dos
El segundo informe analizó la ejecución del presupuesto desde el 1° de octubre de 2008 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.
En el período auditado, la ACUMAR contó con una partida de $ 146,3 millones, de los que devengaron $ 68,3 millones, el 46,7%. Pero la ejecución del período completo alcanzó el 70,9%: $ 103,8 millones sobre un total de $ 150,8 millones.
Capítulo tres, justicia y final
El tercer informe de la AGN, en tanto, abarcó la performance del primer semestre de 2009. Entre el 1° de enero y el 30 de junio de ese año, lo que equivale al 50% del ejercicio, la Autoridad de Cuenca devengó el 36,9% de su crédito, $ 69,2 millones sobre $ 187,5 millones.
Durante el período, hubo demoras en la asignación de cuotas de compromiso, es decir que la AUCMAR disponía del dinero pero no estaba autorizada a gastarlo. La situación provocó dilación en la ejecución de gastos y pagos. Y tampoco se reservó presupuesto necesario para las contrataciones que habían sido formalizadas en ejercicios anteriores.
Con respecto al préstamo del BID, el primer semestre de 2009 se ejecutó el 38,8% de la partida y quedaron pendientes de utilización más de U$S 61 millones.
Tras este trabajo, el Juzgado Federal de primera instancia de Quilmes le pidió a la AGN que ampliara los datos que figuraban en la investigación. Así, se describieron los alcances de los programas 38, Integral Cuenca Matanza Riachuelo; y 39, Gestión Ambiental BID, y se compararon los datos de ejecución financiera -que surgían de los certificados de obra devengados- con la información aportada por la propia ACUMAR con respecto al avance físico de los emprendimientos. Puntualmente, la Auditoría observó que la obra Saneamiento de la Cuenca-Basurales a Cielo Abierto registró una ejecución física que no era “armónica” con el movimiento del presupuesto: es que el proyecto había avanzado un 14% por encima de la ejecución financiera.
Entre el tercer y el cuarto informe hubo un incremento en la partida de la ACUMAR del 45%. El dinero salió de Aportes del Tesoro Nacional, porque el organismo tuvo que pagar gastos de obras que ya estaban en ejecución, pero que no habían sido debidamente presupuestados.
En el cuarto informe, la AGN examinó el segundo semestre de 2009 (de lo que se informa por separado).
Como observación recurrente en las investigaciones, se destaca que la Autoridad de Cuenca no instrumentó el fondo de compensación ambiental, que estaba previsto en la Ley 26.168 de 2006. El dinero debía ser administrado por la ACUMAR y estaría destinado prioritariamente a la protección de los derechos humanos de los damnificados por la contaminación, y a la mitigación y recomposición de los daños ambientales.
Actualmente, el organismo de control está realizando un quinto informe sobre la ejecución del primer semestre de 2010.
Vea los informes emitidos por la AGN:
