Estados Unidos: fallas en los criterios para construir y remodelar juzgados
La GAO le recomendó a la Oficina Administrativa de los Tribunales de Estados Unidos que mejore los lineamientos para distribuir los presupuestos asignados en esta materia. Resulta que no hay una forma rápida de responder ante situaciones de emergencia.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO por su sigla en inglés) le recomendó al director de la Oficina Administrativa de los Tribunales que actualice los criterios por los cuales se puntúan los juzgados y se priorizan proyectos de construcción edilicia por sobre otros. El organismo de control halló casos en los que los establecimientos debían cerrar pero la falla en la metodología utilizada no lo permitía.
Los resultados del último reporte señalaron que la mayor preocupación era la seguridad dentro de los juzgados.
El poder judicial creó su proceso de Planificación de la Gestión de Activos (AMP) para priorizar los proyectos de construcción y para ello se evalúan las condiciones de los juzgados. Según la GAO, los grandes trabajos de edificación, expansión y renovación de juzgados federales “suelen costar cientos de millones de dólares y pueden ser controvertidos, ya que los distritos y circuitos compiten por una financiación limitada”. Para 2020 (último trabajo) se llegaron a evaluar y calificar 385 establecimientos.
En la última evaluación, los resultados arrojaron que la mayor preocupación era la seguridad dentro de los juzgados, a tal punto que el 44% recibió una mala calificación en esta materia. Los estándares de espacio, como el tamaño o la accesibilidad de las salas de audiencias, tuvieron puntuaciones más equilibradas, mientras que la condiciones físicas fueron las mejores con más de tres cuartas partes de todos los establecimiento recibiendo puntuaciones de ideales a buenas.
La GAO halló que, tanto en el proceso de planificación como en la coordinación con otras agencias federales, el poder judicial se aseguró de que los puntajes de las evaluaciones del juzgado fueran precisos en el momento en que se completaron. Sin embargo, no siempre actualizaron, cuando era apropiados, para reflejar cambios importantes en el estado operativo de los mismos.
El organismo de control entonces puso de ejemplo dos casos de 2018 donde un establecimiento fue destruido por un huracán y en otro se encontró moho. Para la GAO los dos debían cerrar, pero el poder judicial no actualizó los puntajes de evaluación de estos juzgados. “Esa actualización habría tenido un efecto importante en las calificaciones de urgencia, la cual forma parte de una parte posterior del proceso de AMP”, asegura el informe.
En 2018 un juzgado fue destruido por un huracán y en otro se encontró moho.
Otro gran asunto es la metodología de puntuación del poder judicial en sí misma. Según la GAO ésta “podría ampliar o disminuir las calificaciones de los juzgados y las ciudades de formas que no siempre están alineadas con los objetivos de Planificación de la Gestión de Activos”.
Según el organismo de control, la propia metodología hizo que fuera más probable que los juzgados más pequeños recibieran las peores puntuaciones en comparación con los más grandes y multifacéticos. “Este enfoque podría conducir a resultados no transparentes e inconsistentes que afectarían la forma en que se priorizan los proyectos para su financiamiento”, destaca el informe y agrega que “en ausencia de un análisis de los efectos de la metodología en los objetivos de la AMP, el poder judicial no puede tener plena confianza en que las clasificaciones fueron objetivas y coherentes”.
Las recomendaciones de la GAO
Por todo esto, la GAO hizo tres recomendaciones para actualizar los puntajes de las evaluaciones cuando sea apropiado y de esta manera garantizar que los efectos de la metodología se alineen con los objetivos de AMP y sean transparentes para los tomadores de decisiones judiciales.
Puntualmente le pide al director de la Oficina Administrativa de los Tribunales de EE. UU. actualizar los puntajes de evaluación, según corresponda, para reflejar los cambios importantes en el estado operativo de un tribunal; evaluar el proceso de tres partes de la metodología de puntuación para garantizar que sus efectos se alineen con los objetivos y sean transparentes para los tomadores de decisiones judiciales; y documentar mejor los criterios que aplica el poder judicial para la colocación de límites.
