En un nuevo informe, aprobado en septiembre de este año, la Auditorìa General de la Nación (AGN) analizó la gestión del ex Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI) durante el proceso de adecuación tarifaria realizado dentro del contrato de concesión de Autopistas del Sol S.A. (AUSOL). El período auditado fue de enero de 2016 a febrero de 2018, y los resultados no fueron los deseables.

El documento expone, entre otras cosas, que durante el período auditado, el ex OCCOVI efectuó actualizaciones tarifarias en base a un Plan Económico Financiero que no reflejaba la realidad contable de la concesión. También omitió reglamentar el proceso de adecuación tarifaria previsto en los acuerdos firmados, y se comprobó que el rendimiento para los accionistas ha sido varias veces superior a la media del mercado accionario.

La concesión de AUSOL fue firmada en julio de 1994, hasta marzo de 2017. Plazo que luego fue extendido hasta 2030. Este contrato implica la construcción, mejora, reparación, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración y explotación del Acceso Norte, pero sólo hay registros de esta última tarea.

Impacto en los usuarios

Una de las responsabilidades asignadas al ex OCCOVI era la de llevar el Registro de las Inversiones ejecutadas por las concesionarias y efectuar el seguimiento de la rentabilidad de las concesiones, y a la vez, verificar la razonable relación entre las inversiones realizadas y la utilidad neta obtenida pero, al ser solicitado este registro, se evidenció la ausencia del mismo. Es decir, dentro del período auditado fue imposible constatar no sólo la ejecución correcta de obras, sino también su correspondencia con las inversiones necesarias.

Además, la AGN puntualiza que los incrementos en concepto de tarifa básica superaron ampliamente a los índices de actualización previstos. Los mismos llegaban hasta un promedio de 75%, pero los cobrados finalmente por el Concesionario alcanzaron entre 179% y 300%, según la categoría, el horario y el sentido.

La Auditoría no pudo constatar la ejecución correcta de las obras ni su correspondencia con las inversiones necesarias.

En otras palabras, no se pueden chequear los beneficios brindados a los usuarios, ni cómo estos fueron implementados (en caso de que hubieran existido), pero sí lo que se cobró con creces a estos últimos por el uso del servicio.

Para sumar a esto, las obras ejecutadas durante el tiempo analizado fueron con fondos del RAE, que es la porción de la tarifa que paga el usuario de la autopista para la realización de proyectos o mantenimiento, generando que el rendimiento para los accionistas sea varias veces superior a la media del mercado accionario.

La auditoría comprobó que la gestión expuesta del ex OCCOVI permite vislumbrar el incumplimiento de sus responsabilidades, lo que permitió que los aumentos tarifarios tengan un impacto económico significativo para los usuarios, superando ampliamente el incremento en precios de Capital Federal y el incremento en salarios.

La concesión de AUSOL fue firmada en julio de 1994, hasta marzo de 2017. Plazo que luego fue extendido hasta 2030.
La concesión de AUSOL fue firmada en julio de 1994, hasta marzo de 2017. Plazo que luego fue extendido hasta 2030.

Ni procesos ni revisiones

Dentro del período auditado existía un acuerdo que regía las adecuaciones tarifarias y, además, estipulaba la realización de una Instancia de Revisión (IR) a los fines de encontrar una solución integral, recomponiendo la “ecuación económica financiera de la concesión”, pero la IR sufrió sucesivas postergaciones, y finalmente nunca se llevó a cabo.

Esta situación dejó a la Concesión sin una proyección económico financiera actualizada que permitiera un adecuado seguimiento de la rentabilidad de la misma. En este contexto, el ex OCCOVI efectuó actualizaciones tarifarias que no se condecían con la realidad. Fueron registradas cinco modificaciones en los cuadros tarifarios, aunque no siempre con impacto en las tarifas de peaje a pagar por los usuarios de la autopista.

Además de la falta de revisión, el auditado, al ser requerida la entrega del manual de procedimiento para la modificación de tarifas, respondió informando la inexistencia del mismo. Es decir que llevó adelante los procesos sin aplicar criterios homogéneos y sin cumplir el marco normativo en lo referente al análisis de las inversiones ejecutadas y del impacto en la rentabilidad de la concesión, por lo que no se verificó la existencia de procedimientos formalizados para la adecuación tarifaria.

Únicamente en una de las cinco adecuaciones tarifarias se consideraron las inversiones efectivamente realizadas.

Como muestra de esto, el reporte detalla que el organismo aplicó diferentes criterios para calcular la incidencia de las variaciones en los costos relacionados con la operación, mantenimiento e inversiones. Por ejemplo, únicamente en una de las cinco adecuaciones tarifarias se consideraron las inversiones efectivamente realizadas.

Es importante recordar que uno de los roles fundamentales de este organismo era el “control de la Concesión” para resguardar los derechos de los beneficiarios a fin de producir valor para la comunidad en general. Su actividad se asocia con la imposición de obligaciones que se exigen al concesionario en favor del interés de los usuarios, lo cual no fue cumplido durante el período auditado.

Pedido de nulidad por parte del Gobierno

En línea con las irregularidades detalladas, en septiembre de este año el Gobierno nacional publicó un decreto que habilita la toma de acciones judiciales para anular las prórrogas de estas concesiones, tanto de la autopista Panamericana como del Acceso Oeste. Según este documento, dichos contratos son “lesivos al interés general” por contener “graves vicios que afectan a su legitimidad“, por lo que se solicita su derogación.