Desafíos del acceso a la información pública en CABA
Autoridades, abogados y jueces presentaron avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos por los tres poderes de la Ciudad de Buenos Aires. La jornada se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA.
El Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la UBA fue sede del encuentro “Avances y Desafíos del Acceso a la Información Pública en la Ciudad”. El evento tuvo como objetivo mostrar los avances logrados en el cumplimiento de los compromisos asumidos por los tres poderes de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la Información Pública y Transparencia.
“No existe una implementación uniforme de la Ley en los distintos poderes del Estado”, aseguró Clara Lucarella, abogada de ACIJ.
Autoridades de los tres poderes formaron parte de la jornada, así como también integrantes de las organizaciones Innocence Project Argentina y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), además de jueces, abogados e investigadores.
La solicitud de información pública en la Ciudad de Buenos Aires está respaldada por la Ley Nº 104 de 1998 y actualizada en 2016. El pedido puede realizarse de forma digital luego de registrarse en la plataforma Mi BA.
Sin embargo, Clara Lucarella -abogada de ACIJ presente en el encuentro- dialogó con ElAuditor.info y aseguró que “no existe una implementación uniforme de la Ley en los distintos poderes del Estado”.
La jornada se dividió en tres bloques temáticos. Experiencias de los Conversatorios fue el primero, se discutió sobre la “interpretación de las excepciones” en la entrega de información por haber datos personales, datos sensibles o por cuestiones de seguridad pública, completó Lucarella.
La relevancia y el objetivo del conversatorio estuvo vinculada a la “unificación de criterios de interpretación de las excepciones al acceso de información pública”, afirmó la abogada de ACIJ. Teniendo en cuenta que este trabajo es de “interpretación restrictiva” y que "la regla siempre debe ser la entrega de la información”.
A su vez, la integrante de la organización dedicada a la defensa de los derechos y el fortalecimiento de la democracia sostuvo que “la relevancia de la mesa establece un antecedente interesante”.
“La existencia de un órgano garante permite realizar un reclamo administrativo sin costo alguno”, expuso Lucarella.
Falta de órgano garante
El desafío principal radica en la falta de un órgano garante del Poder Judicial que pueda resolver los reclamos que se interponen por denegar información o por “silencios” de cualquiera de los organismos, según lo expuso Lucarella.
“La existencia de un órgano garante permite realizar un reclamo administrativo sin costo alguno, a diferencia de lo que sucede cuando uno interpone un amparo que eso sí implica un desembolso mucho mayor para el solicitante de información”, detalló la letrada. Agregó que sin un OGDAI “no hay otra forma de acceder a la información” o de reclamar por esa información que no sea por la vía judicial.
Presupuesto
En la jornada se mencionó otro obstáculo, referido a la falta de información actualizada que permita hacer un seguimiento en tiempo real de la ejecución del presupuesto. Este problema impide hacer un control ciudadano. “Es sumamente grave porque no permite saber qué partidas se modificaron, cómo se está ejecutando el presupuesto en relación a las distintas políticas y partidas”, puntualizó Clara.
Durante 2021 ingresaron un total de 5.602 solicitudes de Acceso a la Información Pública a nivel nacional.
Desde 2016 nuestro país cuenta con la Ley 27.275 que garantiza el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía. La normativa obliga a la Administración Pública Nacional, tanto a la central como a los organismos descentralizados, a responder las solicitudes que les llegan.
Durante 2021 ingresaron un total de 5.602 solicitudes de Acceso a la Información Pública. De estos, 5.441 fueron respondidos, lo cual representa un 97,9%. Estas cifras surgen del informe de gestión anual del Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información (OGDAI).