La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo alarmante: en el último año se registraron 300 femicidios, 7 trans/travesticidios y 17 femicidios vinculados de varones. En Argentina en un año 338 hijas /hijos quedaron sin madre, el 64% son menores de edad. Los datos corresponden al relevamiento realizado entre el 25 de noviembre de 2021 hasta esta semana por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro.

En los últimos años, desde el Estado se promulgaron normas e impulsaron diversas estrategias para prevenir y/o erradicar la violencia hacia las mujeres. Para que funcionen de forma eficaz, el control juega un rol clave. En el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, la auditora General de la Nación, María Graciela de la Rosa, aseguró que “es necesario el compromiso” de las Entidades Fiscalizadoras para realizar “auditorías de calidad”.

En este sentido destacó “la auditoría coordinada sobre violencia de género” del Grupo de Trabajo sobre Igualdad Género y No Discriminación de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores en la que la Auditoria General de la Nación (AGN) participó junto a más de 20 entidades fiscalizadoras.

Perspectiva de género en la Agenda 2030

Como miembro de la AGN y a cargo de la Secretaría Ejecutiva de EFSUR, De la Rosa acaba de participar en el Foro Internacional sobre Auditorías Gubernamentales que se celebró en Río de Janeiro, Brasil. Allí se refirió a la importancia de las contribuciones de las EFS para alcanzar el ODS 5: Igualdad de Género y resaltó la “transversabilidad” del Objetivo en los otros. 

Además expresó su preocupación ante el impacto negativo que tuvo la pandemia de COVID-19 en cuanto a brechas de género ya existentes. “El aumento de la tasa de desocupación de las mujeres en América Latina pasó de un 9.5% en 2019 a un 12.1% en 2020”, detalló. También reparó en el crecimiento de la violencia de género durante el mismo periodo “que llevó a que se reporten 4.091 víctimas de feminicidio en la región”.

Sobre las acciones que se están llevando adelante desde los organismos, la auditora afirmó que, en el ámbito de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de los países de América del Sur, “estamos ejecutando la Auditoría Coordinada de ODS 1 Fin de la pobreza y la mitigación del impacto COVID-19 con énfasis en la disminución de brechas de género, para el período auditado 2020-2021, en colaboración con otras 14 EF de la región”. 

"Además, hemos propuesto realizar un examen de seguimiento sobre la auditoría global del ODS 5, que fue aprobada por la AGN en 2019. Queremos medir el impacto de este trabajo y verificar el cumplimiento de las recomendaciones por parte de los organismos del Estado correspondientes”, manifestó De la Rosa ante El Auditor.info.

Contra la violencia en el trabajo

En febrero del año pasado, la Misión Permanente de la República Argentina ante los Organismos Internacionales adhirió al Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y un año después la norma entró en vigencia. 

“Argentina fue uno de los primeros países en ratificar el Convenio lo que le dio un impulso a la lucha contra la violencia laboral, pero es necesario contar con una ley para que no se trate solo de buenas iniciativas o de actos aislados, sino contar con un marco nacional”, aseguró la dirigente de la Asociación de Personal de Organismos de Control y vicepresidenta de BICE, Carla Pitiot

Para Pitiot, “el desafío es por un lado contar con una ley nacional para prevenir y erradicar este tipo de violencia y por otro seguir trabajando desde cada lugar que podamos para sensibilizar sobre esta problemática”.

En este sentido, detalló que el Ministerio de Trabajo presentó un informe en el que reveló que de enero a julio de 2021, la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral recibió 865 consultas para asesoramiento. El 65% de estas consultas fueron propiciadas por mujeres, mientras que el 32% restante fueron realizadas por varones. “Ese dato refleja que las más afectadas por este tipo de violencia, como por tantas otras, son las mujeres. Por lo que el abordaje tiene que tener perspectiva de género, tal como también lo plantea el Convenio de la OIT y su Recomendación 206”, sostuvo la referente gremial.