La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO por su sigla en inglés) le pidió a la Agencia de Protección Ambiental que mejore la administración del programa que brinda exenciones a las refinerías de gasolina y diésel en un programa que busca colaborar en la lucha contra el cambio climático.  

En EE.UU existe un programa llamado “Estándar de Combustible Renovable” (RFS, por sus siglas en inglés) por el cual se requiere que los combustibles de gasolina y diésel se mezclen con un volumen mínimo de combustible renovable. Las refinerías más pequeñas pueden solicitar anualmente a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) una exención de sus obligaciones de RFS en función de dificultades económicas desproporcionadas. La EPA evalúa estas solicitudes en diálogo con el Departamento de Energía (DOE).

Lo que halló la GAO es que la Agencia de Protección Ambiental y el Departamento de Energía no tiene la información, las políticas o los procedimientos necesarios para garantizar completamente que las decisiones de exención sean válidas. La EPA también incumplió rutinariamente su fecha límite legal para tomar decisiones.

Más chicas, más pagan

El organismo de control aseguró que las decisiones de exención de refinerías pequeñas para el periodo 2019 - 2021 se basaron en una conclusión de la Agencia de que no experimentan dificultades económicas desproporcionadas por el combustible renovable. Esta conclusión se basó en suponer que todas las partes pagan y reciben un mismo precio por los créditos utilizados para demostrar el cumplimiento del programa.

GAO encontró que la EPA no analizó si esta suposición es válida, ya que su análisis mostró que las refinerías pequeñas han pagado más en promedio por los créditos de cumplimiento que las refinerías grandes. “Sin reevaluar su conclusión, la EPA no tiene seguridad de que sus decisiones de exención para refinerías pequeñas se basen en información válida”, subraya el documento.

Por otro lado, el organismo de control encontró que, si bien la EPA generalmente documentó sus decisiones, no tiene políticas o procedimientos sobre cómo evalúa las peticiones y toma decisiones de exención. De manera similar, el DOE no tiene políticas o procedimientos sobre cómo brinda consultas a la Agencia de Protección Ambiental. 

“La administración del programa ha sido inconsistente y el número de exenciones otorgadas y denegadas ha variado de un año a otro”, explicó la GAO y agregó que, en consecuencia, las decisiones de las agencias “aparecen ad hoc, lo que genera incertidumbre en el mercado”. 

Como resultado, esta falla puede perjudicar a las pequeñas refinerías y a los productores de combustibles renovables al socavar su capacidad para planificar las actualizaciones de infraestructura y la demanda de combustibles renovables. 

Por último, la EPA incumplió rutinariamente el plazo legal de 90 días para emitir decisiones de exención. En 5 de los 9 años analizados por la GAO, la Agencia tardó más de 200 días en emitir una decisión para más de la mitad de las peticiones presentadas. Estas demoras “disminuyen el beneficio de las exenciones, crean incertidumbre en el mercado, desalientan la inversión y socavan el diseño del RFS en general”, concluyó GAO.