La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó, en marzo de 2022, un informe donde se evaluó la gestión de las transferencias, becas y convenios de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), correspondientes al ejercicio 2017. De acuerdo al análisis del organismo, se percibieron “incumplimientos, debilidades e irregularidades” en las cuentas bancarias de la institución académica. Por otro lado, se verificó la “falta de control y seguimiento” en la prestación de servicios a terceros. Así como también “inconsistencias” en la facturación y cobranzas de estos servicios.  

La Universidad Nacional del Litoral se encuentra entre las diez instituciones educativas públicas con mayor presupuesto, entre las cuatro más antiguas del país y en sexta lugar por cantidad de alumnos (45.690 en 2017).

La evaluación fue del ejercicio 2017, inició en 2018 y el trabajo de los auditores terminó en pandemia, abril de 2020. El año fiscalizado contó con un presupuesto de gastos de $3.102 millones que se financió en un 77% con “Aportes del Tesoro Nacional” ($2.401 millones) y un 16% con “Recursos Propios” ($ 516 millones), siendo las dos fuentes más significativas. 

Inconsistencias en prestaciones a terceros

El organismo de control nacional observó que -en 2017- la UNL recaudó $129 millones por prestación de “Servicios a Terceros” representando el 45% de los “Recursos Propios” de la institución. En detalle, las principales funciones de este trabajo son identificar las capacidades y resultados de las investigaciones que existen en la Universidad para que puedan ser aprovechadas por las empresas, el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. 

La Universidad Nacional del Litoral se encuentra entre las diez instituciones educativas públicas con mayor presupuesto, $3.102 millones. 

De acuerdo al análisis, los auditores verificaron que los informes de avance de los servicios prestados “no se cargaron en el sistema”, dificultando así cualquier tipo de control y seguimiento sobre el nivel de cumplimiento de estos por parte de la Universidad. 

En cuanto a la facturación y cobranzas de las prestaciones brindadas por la UNL, la AGN detectó “inconsistencias” en cobranzas que superaron lo facturado; facturaciones antiguas pendientes de cobro; expedientes registrados sin cobro; facturaciones que superaron los presupuestos asignados a los proyectos sin haber obtenido evidencia de modificaciones y/o rectificaciones posteriores que modifiquen los costos de los mismos.

En definitiva, el organismo de control nacional subrayó la “falta de eficiencia e integridad en la gestión de registros”, dado que verificó la facturación total de $5.382.024,39 y que el saldo a cobrar ascendió a $2.820.915,25, lo que equivale a un 52,41% del monto total facturado.

Incumplimientos en las cuentas bancarias

De acuerdo a la información publicada, la Auditoría indicó que la Universidad “no cumple con la obligación de informar anualmente el estado de las cuentas bancarias en las que sea titular”. Asimismo, se comprobaron “debilidades” en los procesos establecidos para el alta y baja de registros gestionados por las entidades financieras, verificándose 17 con CUIT de la UNL que no se encontraron declarados en el balance de la Universidad. 

Con respecto a las cuentas informadas por los bancos y las declaradas por la Universidad, la Auditoría registró inconsistencias. En detalle, ocho presentaron saldo, según lo informado por los bancos, pero no se encontraron en el sistema que utiliza la institución educativa superior. Por otro lado, en las conciliaciones bancarias se verificaron operaciones antiguas “pendientes de regularización”.

Asignación de becas

Otro tramo del informe mencionó que las transferencias realizadas por la UNL, en el periodo auditado, representaron el 9% del presupuesto asignado a la Universidad ($287 millones). Las becas significaron un 97% del monto mencionado. Al momento del análisis, la AGN señaló que “10 becarios simbolizaron el 29% de las unidades de becas asignadas”. A su vez, el organismo de control halló “inconsistencias” y casos de empleados no docentes y docentes en situación de “incompatibilidades”.