Según el Barómetro de la Deuda Social con las Personas Mayores de la Universidad Católica Argentina (UCA), el país se encuentra atravesando un proceso de envejecimiento poblacional, transitando una etapa avanzada de la transición demográfica.

En ese contexto, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) relevó la Dirección General de Promoción del Envejecimiento Activo, de la Gerencia Operativa de Promoción e Integración de la Tercera Edad, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Social porteño y detectó “debilidades en el control interno y falta de evaluación de los intereses de la población beneficiaria”, entre otras cuestiones.

Durante 2015, el Programa N° 23 “Integración Social de Adultos Mayores” tenía como objetivo “lograr la integración social y promover el envejecimiento activo de la población”. En esa línea, figuraban dos actividades que son objeto de la auditoría: “Promoción de la Participación y Calidad de Vida” y “Apoyo a Centros de Jubilados”.

 

No existe una base de datos que permita la sistematización y centralización de información de las actividades.

 

Como su nombre lo indica, los principales beneficiaron eran los adultos mayores residentes en la Ciudad, los centros de jubilados y pensionados, organizaciones sociales que orientan sus acciones a la población mayor y personas físicas o jurídicas que requieren información u orientación sobre el tema.

El organismo de control analizó el desempeño durante 2015 y observó varias falencias. Cuando refiere a “debilidades en el control interno”, hace hincapié en la “falta de coincidencia entre la gestión de beneficiarios informada por el ente auditado y la que figura en el Informe de Gestión 2015, con una diferencia de 7.563 casos”, que representan casi el 11%.

Por otra parte, “en el 20% de los expedientes de la muestra efectuada no obraban las constancias de notificación del evento al centro de jubilados” y la AGCBA también resaltó la “ausencia de una base de datos que permita la sistematización y centralización de la información de las actividades desarrolladas”. Tampoco hay criterios estandarizados para confeccionar los informes de evaluación de las actividades.

No es menor la “falta de evaluación de los intereses de la población beneficiaria”, cuyo objetivo es que la oferta de actividades se adecúe a las mismas. Tampoco se realiza difusión de las actividades para permitir a los centros de jubilados que no pertenecen al circuito tomar conocimiento de la oferta para poder acceder a los mismos.

Hay una diferencia de 7.563 casos entre la gestión de beneficiarios informada por el ente auditado y la que figura en el Informe de Gestión 2015.

La forma de convocar a los participantes es una base de datos propia y datos individuales que los que ya participaron de talleres. No los convocan vía centros de jubilados, sino por mail o teléfono. ¿Por qué no hubo actividades de difusión? “No depende de la Gerencia, sino que es responsabilidad de las autoridades a nivel central”.

La AGCBA también da cuenta de la “falta de sistematización del registro de los adultos mayores participantes en las actividades que ofrece el programa auditado”. Eso fue observado en la “inconsistencia entre las metas publicadas por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y los informes trimestrales brindados” lo que dificulta el cálculo real de las metas físicas alcanzadas en 2015.

Por último, “falta uniformidad en la unidad de medida, respecto de la medición de las asistencias de los adultos mayores, lo que impide individualizar si se trata de la misma persona” o de sujetos diferentes.