Sufrir de depresión a esta altura del año es más común de lo que uno puede imaginarse. Nuestro país es el tercero de América Latina con la tasa más alta de suicidios, superando incluso a la de homicidios.

Según la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, el porcentaje es de 7,2 cada 100 mil habitantes. Los números son alarmantes, ya que ocho personas mueren a diario en nuestro por el uso de armas de fuego. Del total, el 20% son suicidios.

GestionPublica.info conversó con Julián Alfie, integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), sobre el Plan de Desarme Voluntario, una de las iniciativas nacionales que recolecta armas y las destruye.

El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones existe desde 2007, gracias a una iniciativa de la Red Argentina para el Desarme. Pero desde hace 3 años, el mismo viene en caída.

La efectividad es mucho menor de lo que era al principio de su ejecución, informó Alfie. Las razones: la ausencia de las organizaciones sociales en la aplicación del mismo y de concientización, ambas por falta de voluntad política.

Este plan comenzó con un promedio de 120 armas recibidas y destruidas por día, pero actualmente el promedio es de 30 a 40. Esto marca el desinterés que actualmente tiene el estado en el control de armas de fuego, como se manifiesta en otras políticas tales como designar al frente de la agencia ANMAC (ex RENAR) a una persona que se manifestó públicamente en contra del desarme, aseveró Alfie. El nuevo presidente del ANMAC es el abogado Eugenio Cozzi, tirador deportivo experto y crítico de estas políticas.

Con el reglamento de la Ministra Patricia Bullrich, lo que se demostró es un nuevo retroceso en las medidas que tomó el gobierno. Ellos no creen en el control que tienen que ejercer en el uso de las armas de fuego, ya sea en manos de civiles o fuerzas de seguridad, con consecuencias que no son menores, porque se miden en vidas humanas perdidas y muchas veces son muertes evitables, remarcó Alfie.

A fines de noviembre, la Ministra de Seguridad aseguró que el 99% de las personas que mueren por armas de fuego es en manos de un delincuente. Esta afirmación es falsa, ya que las estadísticas de la Secretaría de Salud de la Nación demuestran que el 44% de las muertes por armas de fuego responden a agresiones, mientras que el resto se debe a suicidios, accidentes u otro tipo de intención.

Pero incluso centrándonos en las muertes que son producto de agresiones, el Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación demostró que el 52% de esos homicidios se deben a discusiones, riñas o conflictos intrafamiliares, mientras que el 10% se produjo en ocasión de robo.

Evidentemente las políticas públicas de nuestro país en materia de control de armas de fuego están guiadas por información errada. Esto se traduce en acciones que no están evitando muertes, denunció Alfie, quien agregó: Desde que asumió este gobierno evitó implementar de forma completa la ley de creación de la ANMAC, que obliga a tener partida presupuestaria propia y dejar de financiarse con la venta de formularios.

Para finalizar, el integrante de INECIP, subrayó que un Estado que no lleva adelante una política de control de armas de fuego, es un estado que deja de intervenir en muchas áreas. Una de esas es la prevención de suicidios a través del medio más eficaz que existe para provocar la propia muerte que son las armas de fuego. Es una muestra más de las nefastas consecuencias de tener una política pública tan errada y basada en una cuestión de desinterés total por llevar adelante un control efectivo.