La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) que evaluó los aspectos financieros de la construcción de la línea H de subte durante el 2015 concluyó que hubo “déficits de planificación y administración” que hicieron relocalizar y reemplazar estaciones y que generaron gastos extra "en demasía".

El trazado original de la Línea H, que estimaba 15 estaciones cuyos extremos iban a ser la estación Nueva Pompeya y Retiro, fue modificado por dos leyes. Una es la Ley 4633 que incorporó la estación Facultad de Derecho, luego de que los vecinos de Plaza Francia se negaran a una estación allí porque afectaría el patrimonio urbano. Otra, la Ley 5233 que dejó sin efecto la construcción de la Estación Nueva Pompeya quedando como nueva cabecera la Estación Sáenz, que a su vez fue reubicada.

Un ejemplo de este “déficit de planificación y administración” fue el caso del taller y la cochera para la estación de Parque Patricios. En octubre de 2011, subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) le dijo a la empresa contratista, Techint, que ambas obras “no serían construidas de la manera prevista ya que estaban en evaluación otros terrenos alternativos”. Entre los motivos, la AGCBA destacó “que la zona era baja con suelos de escasa calidad geotécnica”.

La falta de planificación generó "gastos en demasía". Fueron $30,7 millones más IVA.

Seis días después se comunicó sobre un predio alternativo en el que “se podría llevar adelante la construcción del taller y la cochera de la Línea H”. En la firma del acta de inicio de obras, en diciembre, “no fue posible confirmar el terreno, porque el Estado Nacional había suspendido los acuerdos” dice el informe de la AGCBA.

Lógicamente, estas idas y vueltas “impactaron negativamente en el plan de trabajo”. No solo “generó retrasos en la ejecución de obras, sino que llevó a la contratista a afrontar gastos directos e indirectos incurridos en demasía”: en total, $30,7 millones más IVA.

Del otro lado del trazado, la que iba a ser Estación Plaza Francia tuvo que ser relocalizada y reemplazada por la Estación Facultad de Derecho, luego de la acción de amparo promovida por un grupo de vecinos. Fue la contratista la que el 22 de febrero de 2012 presentó una nota acatando la medida cautelar que suspendía la remoción del arbolado de la Plaza Intendente Alvear.

Según se detalla en el informe, aprobado en mayo de 2017, “en su recorrido la obra atraviesa importantes interferencias como los túneles de la Línea D y grandes conductos de agua”. Los trabajos incluyen un túnel para alojar una subestación eléctrica para la operación del nuevo tramo.

Para el 2015 preveían certificar las obras por más de $476 millones, sin embargo el plan de trabajo real arrojó un número menor al esperado: $ 375 millones. Como dato adicional la Auditoría porteña detalla que hasta fines de 2015 el total certificado sumó $ 1.079 millones.

El taller

La construcción de la Línea H “circula con demoras”