La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) intentó determinar cómo se medía el impacto que podrían producir en el medio ambiente los emprendimientos tanto públicos como privados. Tras analizar la labor del área que interviene en la materia, y la normativa con la que se maneja, el organismo de control señaló que “el procedimiento vigente olvidó el propósito de la evaluación ambiental y se convirtió en un proceso altamente burocratizado”.

Los técnicos arribaron a esta conclusión luego de detectar que la dependencia en cuestión, la Agencia de Protección Ambiental (APRA), no tiene recursos materiales ni humanos para realizar los controles de impacto, y que otorgaba certificados habilitantes a cambio de declaraciones juradas que presentaran los interesados en algún emprendimiento, en trámites que podían llegar a demorar hasta nueve años e incluían la emisión de dictámenes, convocatorias a audiencias públicas temáticas y actos administrativos.

La APRA es la autoridad de aplicación de la Ley 123, sancionada en 1998 y modificada varias veces por las dificultades que registró su puesta en práctica. Uno de esos cambios fue en 2000, cuando la Ciudad promulgó otra norma, la Ley 452, que identifica las actividades que deben ser controladas por posibles impactos ambientales. En el listado se destacan autopistas, vías férreas, puertos, aeropuertos, supermercados, centrales eléctricas, expendedoras de combustibles, parques industriales, modificaciones a la costa, plantas de tratamiento y disposición de residuos, ferias y salas de juego.

Según la Auditoría, entre 2000 y 2008 se iniciaron ante la Agencia de Protección Ambiental unos 15.752 expedientes de emprendimientos que buscaban autorización para funcionar. De ese total, la dependencia emitió 8.660 certificados de aptitud ambiental (54,9%), y sólo el 2,3% de los permisos, 201 casos, correspondían a actividades conocidas como de relevante efecto (CRE). Asimismo, el informe añade que “los tiempos de demora de las actividades CRE variaron entre uno y nueve años”.

Por supuesto que la normativa también abarcaba a las actividades preexistentes a la sanción de la Ley 123, es decir, a los emprendimientos que funcionaran desde antes de 1998. En estos casos, la APRA había otorgado plazo hasta el 30 de junio de 2008 para la presentación tanto de la declaración jurada como de un plan de adecuación ambiental. No obstante, “el grado de cumplimiento en el régimen de adecuación es del 1,09%”; son 136 certificados emitidos, 64 de los cuales pertenecen a estaciones de servicio.

Con la firma de cinco resoluciones, Protección Ambiental fue incorporando estaciones de servicio a su régimen de adecuación. Los establecimientos que debían acomodarse a los requerimientos vigentes pertenecen a las empresas Petrobrás, Repsol YPF, Esso, Shell y otras que no fueron abarcadas por estas disposiciones. Con respecto a las primeras cuatro firmas, las estaciones eran 219, de las que sólo siete estaban en régimen de adecuación. En tanto que el último caso alcanzó a 135 establecimientos y las unidades que lograron adaptarse fueron 48 (ver cuadro).

Listas

A “fines ilustrativos”, la Auditoría porteña enumeró alguno de los proyectos de relevante efecto que funcionan sin certificado de aptitud ambiental.

Actividades y obras públicas:
Bases de operaciones de las empresas de recolecciones de residuos privadas: CLIBA, AESA, URBASUR, NITTIDA, INTEGRA. Base de Operaciones del Ente de Higiene Urbana (EHU) de la Ciudad.

Obras de infraestructura hidráulica:
Cuenca H, C, G, Z4, Cuenca del Arroyo Vega, Obra Desembocadura del Arroyo Vega, plan Director Desagües Cloacales.

Obras de dragado y adecuación de arroyos y lagos:
Recuperación de lagos aliviadores en el sur de la Ciudad.

Actividades y obras privadas de envergadura
Puerto comercial de pasajeros empresa BUQUEBUS.
Centros comerciales: Alto Palermo Shopping, Paseo Alcorta, Abasto, Caballito, Devoto, Solar de la Abadía, Complejo Village Recoleta, Caballito.

Algo parecido ocurre con los emprendimientos que funcionan con certificado de aptitud ambiental vencido.

Parque Público de la Ciudad Universitaria, Certificado Nº 1090, entregado el 16/06/04, GCBA.
Construcción Línea H, tramos A y B, Certificado Nº 1062, entregado el 10/06/04, SBASE.
Ampliación Línea H, Certificado Nº 1689, entregado el 07/12/04, SBASE.
Planta de clasificación de materiales, Certificado Nº 2074, entregado el 25/01/05, GCBA.
Remodelación Hospital Elizalde, Certificado Nº 2181, entregado el 25/02/05, GCBA.
Prestación del Servicio Público de abastecimiento de agua potable y colección de líquidos cloacales, Certificado Nº 2203, entregado el 01/03/05, AySA.
Obras de readecuación de la red de drenaje Arroyo Maldonado (etapa Operación), Certificado Nº 2319, entregado el 21/03/05, GCBA.
Obras de readecuación de la red de drenaje Arroyo Maldonado (etapa Construcción), Certificado Nº 2405 entregado el 21/03/05, GCBA.

Lamentos

Más allá de estos datos, y del “bajo nivel de interés de la administración en diez años de gestión”, la AGCBA concluye que “de haber mediado otra situación, por ejemplo en los establecimientos industriales de la Cuenca Matanza Riachuelo, podría suponerse un nivel distinto de control y monitoreo de la contaminación”, y completa: “Esta Auditoría entiende que las deficiencias detectadas difícilmente puedan revertir en tiempo y forma la brecha entre demanda efectiva y demanda satisfecha”.