“La gestión de la Dirección de Residuos Peligrosos (DRP) no fue capaz de subsanar los errores detectados y reiterados en etapas anteriores”, señala el último informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) y agrega que estos temas “se vienen repitiendo desde el primer informe en 1996”.

El área en cuestión fue creada en 2007 en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y es la encargada de intervenir en todo lo relacionado con los residuos peligrosos. En esta oportunidad, la AGN evaluó su desempeño entre 2012 y 2014.

Las observaciones más fuertes estuvieron relacionadas a la “lenta y engorrosa gestión de expedientes y un sistema informático saturado y obsoleto”. Sobre el primer punto, la AGN encontró que “los legajos pidiendo el Certificado Anual Ambiental se acumulan en varios cuerpos y continúan abiertos de manera indefinida, generando así un gran volumen de documentación y trámites”. En tanto, algunas carpetas presentan “errores de foliatura y de datación”. 

En 1996 la AGN había concluido que “el trámite del certificado de aptitud legal era engorroso, habían registros duplicados y resultaba poco relevante la cantidad de certificados expedidos en relación a las presentaciones efectuadas”.

Ese mismo año también detectó “solicitudes con más de un año de haber sido presentadas, sin respuesta alguna”, por lo que recomendó “implementar un sistema informático oportuno”. 

Casi 10 años después, en 2004, el organismo de control nacional volvió a marcar la necesidad “resolver los pedidos sin respuesta”.

Sobre el sistema, en 2006 los auditores resaltaron que la DRP “debía contar con un sistema informático integrado”.

A todo esto se suma la demora en la implementación del manifiesto On Line. Este documento “permite hacer un seguimiento del residuo desde el momento que el generador lo entrega al transportista hasta que éste lo lleva al operador encargado del tratamiento y la disposición del mismo”. Además, “es válido para el movimiento interjurisdiccional de los desechos”.  

En 2004 se empezó a advertir la necesidad de “implementar convenios con organismos públicos o universidades a fin de complementar las tareas de inspección y control”. Luego de 10 años, la AGN continúa recomendando lo mismo.

En 2006 la Auditoría volvió a evaluar la gestión de la SAyDS en la materia e informó “la carencia de recursos humanos, tecnológicos y materiales suficientes como para cumplir sus funciones”. Al 2015, año de aprobación del nuevo informe, la DRP contaba con 45 personas y solo tres eran de planta permanente. Frente a esto, se genera una nueva observación en materia de personal, “se carece de estabilidad para hacer las tareas”. 

Dentro del marco normativo que regula la materia conviven dos leyes: 24.051 y 25.612. La primera fue sancionada en 1991, cuando todavía no existía una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental. La segunda norma, además, “es comprensiva de una gama más amplia de residuos”, sin embargo, “no está reglamentada por lo que no es operativa”.