Europa 2020 es la estrategia de la Unión Europea (UE) para alcanzar cinco objetivos principales en los siguientes ámbitos: empleo, investigación y desarrollo, clima/energía, educación, integración social y reducción de la pobreza.

Meses atrás, publicamos en El Auditor.info un informe en el que el organismo de control holandés cuestionaba el Plan de Energía Sostenible de los Países Bajos, que apuntaba a consumir el 16% del recurso natural en 2023. 

Esta vez, las falencias fueron detectadas por el Tribunal de Cuentas (TC) de Bélgica, puntualmente en su Plan para combatir la pobreza.
 
Una de las metas de Europa 2020 es “luchar contra la pobreza y la exclusión social” reduciendo en al menos “20 millones el número de personas” que se encuentran en esa situación. Cabe señalar que la Unión Europea tiene un total de 501.259.840 habitantes.

Para ello, Bélgica se comprometió a “reducir la pobreza” de 2.200.000 personas en 2010 a “menos de 1.814.000” para dentro de cinco años. 

Si bien el Plan belga “es una herramienta útil” y “tiene en consideración las necesidades de los grupos representativos de la población más pobre”, el Tribunal de Cuentas señaló que la “calidad” del mismo “podría mejorar significativamente”. 

“El Plan debe apuntar a un objetivo medible en la reducción de la pobreza”, afirman los auditores, quienes agregaron que “las autoridades públicas encargadas de su implementación deben estar involucradas en el proceso de toma de decisiones”, como en la fijación de objetivos, la programación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación.

En este contexto, el organismo de control sostiene que “las medidas y los objetivos se formulan sin cuantificar los plazos o las estimaciones presupuestarias”. 

En 2011, el TC hizo una investigación en 17 agencias de servicios públicos para saber si estaban al tanto del Plan para combatir la pobreza y descubrió que “apenas habían sido llamadas cuando lo elaboraron” y que “estaban poco informadas de la motivación y el curso lógico de acción para las medidas que ellas mismas debían llevar a cabo”. 

En otras palabras, los ministros que idearon el plan no le suministraron a las agencias “un mecanismo para traducir las medidas generales en acciones concretas”. 

Por otro lado, “el monitoreo trimestral impuesto por el Consejo de Ministros no cumple con las expectativas” porque su “periodicidad no se respeta y su contenido es insuficiente”. 

A fin de mejorar la supervisión y aumentar la participación de los servicios públicos, se creó una red de funcionarios de “lucha contra la pobreza”, pero “su papel debe fortalecerse” a través de una “mejor definición de su marco operativo y sus responsabilidades”. 

Entonces ¿cómo controlan la eficacia del Plan? La única forma de evaluación es el “Barómetro Inter Federal de lucha contra la pobreza”, pero este instrumento “está dirigido más bien a crear conciencia” que a evaluar “el impacto” del programa. 

Frente a esta situación, el Tribunal de Cuentas considera que “la evaluación es un elemento clave en la elaboración de las políticas públicas”.