Desde 2007 las personas con más de 60 años que hayan solicitado el ingreso a un hogar de residencia permanente dependiente del gobierno porteño y que no cuenten con un ingreso económico suficiente tienen derecho a percibir un subsidio para solventar los gastos de habitación y manutención.

Según la Auditoría porteña, para 2013 el Gobierno dio de baja (por bajas administrativas más suspensiones) 577 personas. El informe, aprobado en 2015, señala que representan un 37% de los abuelos activos en el padrón.

 

El organismo de control concluyó que “la  falta de un seguimiento del programa impide conocer la causa y las consecuencias que las bajas o las suspensiones producen en los beneficiarios, sobre todo teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad socioeconómica que atraviesan”.

De hecho, para el año de evaluación “no pudieron verificar que se hiciera el seguimiento a los beneficiarios”, pese a que este punto está contemplado en la normativa vigente. Desde la coordinación del Programa de Sistemas Alternativos a la Institucionalización manifestaron que “nunca tuvieron los recursos para seguir a los beneficiarios y realizar la articulación necesaria con la red de servicios dirigidos a la Tercera Edad”.

Este plan se encuentra bajo la órbita de la Subsecretaría de la Tercera Edad dependiente, a su vez, del Ministerio de Desarrollo Social. Entre las incumbencias del ente auditado, además de los Subsidios Alternativos a la Institucionalización, están los Hogares de Día y la Asistencia gerontológica Domiciliaria y Hospitalaria.

Sobre este último punto, que les otorga a los adultos mayores ayuda en horas de asistencia gerontológica domiciliaria, la AGCBA observó “prolongados tiempos de espera para recibir ese apoyo”.

El equipo de auditores se encontró con que “el tiempo promedio para recibir la asistencia es de 6 meses, con mínimos y máximos que van desde los tres a los 14 meses respectivamente”.

En el informe se explica que “en el caso de que una persona aplique para el otorgamiento del beneficio, es entrevistado en su domicilio por una trabajadora social para evaluarla y determinar el perfil de auxiliar que necesita y el plan de acción que se llevará adelante”. El plazo máximo de es de dos años, prorrogable si el anciano continúa cumpliendo con los criterios de selección. Tendrán prioridad aquellos que estén en una emergencia gerontológica pre y post quirúrgica, por viudez reciente, enfermedad o crisis del cuidador principal.

Sobre los asistentesgerontológicos, es decir, los que atienden a los abuelos, la AGCBA detectó que “34 de los 44 casos analizados no figuraba en el Registro Único y Obligatorio”, pese a que es un “requisito indispensable para ejercer en el ámbito de la Ciudad”.

En cuanto a las metas físicas, la Auditoría analizó la de los años 2011, 2012 y 2013 y durante ese período “ambas actividades registraron un bajo cumplimiento de la meta”. Puntualmente fue un desempeño del 55% para la Asistencia y un 53% para los Subsidios sobre lo programado”.

Si se considera la evolución de esos últimos tres años, “se observa un grado de cumplimiento cada vez menor”.

Era 2.0

La Ley 3304 del 2009 establece la Modernización de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires. En ella se implementó el sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), el Registro de Identificación de Beneficiarios (RIB) y los Planes Sociales y Subsidios (PSOCS) como únicos medios de tramitación de todas las prestaciones que el gobierno local otorgue.

Sobre la migración de datos la AGCBA señaló que “la información que el programa tenía en bases de datos propias no fue cargada completamente en la base nueva, originando un importante faltante de información”. Por ejemplo, el 70% de los casos no tenía cargada la evaluación social/psicológica de la persona, siendo ésta una “herramienta fundamental para el seguimiento del beneficiario y el cálculo de su subsidio”.