La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) contrató personal externo para hacer relevamientos en villas, en lugar de usar empleados de su propia estructura, o bien convocar a trabajadores de alguno de los tres Estados que la constituyen.

El dato aparece en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), en el que se analizaron los convenios que firmó el ente encargado del saneamiento con varias universidades.

El relevamiento en cuestión se llamó Programa de fortalecimiento para el abordaje socio-ambiental de poblaciones que habitan villas y/o asentamientos, y estaba incluido en un acuerdo suscrito en 2014 entre la ACUMAR y la Universidad Nacional de Quilmes. Los trabajos debían durar dos años y el monto comprometido fue de $ 3.930.300.

 

Según el acuerdo entre la ACUMAR y la Universidad de Quilmes los trabajos debían durar dos años.

 

Según la investigación, los detalles del acuerdo comenzaron a tratarse en septiembre de aquel año. El 24 de ese mes, la representante porteña dentro de la ACUMAR presentó un acta en el que decía que “el objeto del convenio puede y debe ser asumido por personal de la Dirección General de Abordaje Territorial”, una oficina de la propia Autoridad de Cuenca, que aborda específicamente ese tipo de relevamientos.

Es más, la misma representante opinaba que las tareas también podrían ser encaradas por “personal de cada uno de los Municipios y Estados parte de la ACUMAR”, y por eso pidió que “el monto presupuestado para el proyecto se destine a acciones urgentes y directas del saneamiento” del Riachuelo.

Lo curioso es que la AGN no logró encontrar el acta dentro del expediente del convenio.

Dos días después, es decir el 26 de septiembre de 2014, el acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo Directivo de la ACUMAR, con los votos favorables de los representantes de la Nación y la provincia de Buenos Aires.

En el mismo acto, la Ciudad de Buenos Aires manifestó su disidencia y hasta puso personal de su jurisdicción a disposición de la Autoridad de Cuenca para que realicen las tareas “y evitar así el gasto financiero del convenio”, reprodujo el organismo de control.

La Ciudad de ofreció a ACUMAR personal para evitar el gasto financiero del convenio. 

El decreto

Uno de los primeros decretos firmados por la actual administración, el 336/2016, dispuso que todos los convenios que el Estado nacional haya firmado con universidades o instituciones educativas sean dados de baja, salvo que se pida expresamente por su continuidad.

Así fue como el acuerdo entre la ACUMAR y la Universidad de Quilmes quedó sin efecto. Sin embargo, la Auditoría descubrió que los técnicos que llevaban adelante el relevamiento de villas continuaron sus tareas, contratados bajo la modalidad de locación de servicios.

Es decir que ni con la anulación del convenio la Autoridad de Cuenca hizo uso de su propio personal.

Más del decreto

Otro de los convenios analizados por el organismo de control fue el firmado entre la ACUMAR y la Universidad Nacional de La Matanza para el desarrollo del programa (tome aire si va a leer en voz alta) Mejoramiento de las opciones innovativas, tecnológicas, operativas y regulatorias del control ambiental y la prevención de la contaminación de cuerpos hídricos de la Cuenca.

El monto comprometido para este acuerdo fue de $ 15.560.791.

Al igual que pasó con el caso de Quilmes, esta tarea comenzó a discutirse en septiembre de 2014, y otra vez la objeción llegó del lado de la Capital Federal.

Es que los representantes porteños entendían que el convenio comprometía fondos de los siguientes dos años cuando hasta ese momento ni siquiera se había aprobado el presupuesto 2015.    

Había también cuestiones técnicas: para la Ciudad, las tareas a realizar eran tan amplias que se necesitaba coordinación entre las distintas oficinas de la ACUMAR y hasta estudios de factibilidad para medir su utilidad en el plan de saneamiento.

La Auditoría narra que, a pesar de las objeciones, el convenio con la UNLAM finalmente se firmó y, tras analizar su ejecución, se observó que de los 15 millones de pesos iniciales se ejecutaron $ 5.585.237 y que, de ese total, se rindieron cuentas por $ 917 mil.