Una Universidad cobró por asistir a la ACUMAR, pero tercerizó el trabajo
El ente encargado del saneamiento había firmado un convenio con la Universidad de La Matanza para hacer un diagnóstico de los desagües ilegales. Sin embargo, la AGN descubrió que solo dos de los contratados tenían vinculación con ella. Por el acuerdo se desembolsaron $ 6,2 millones y más de un tercio del dinero quedó sin rendir.
Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), el ente encargado de limpiar el Riachuelo firmó un convenio con una universidad para relevar desagües ilegales, pero la casa de altos estudios tercerizó la tarea.
El acuerdo en cuestión fue suscripto en 2011 entre la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y la Universidad Nacional de La Matanza. La idea era que la institución educativa realizara un “plan de acción para el diagnóstico de la situación actual de las conexiones y descargas clandestinas de efluentes industriales y cloacales”, detalló la investigación, aprobada este año.
Sin embargo, tras analizar los antecedentes de los consultores contratados, la AGN descubrió que “solo dos tienen vinculación” con la casa de altos estudios. De hecho, el informe añadió que “no se observa, en el desarrollo del convenio, que la Universidad haya provisto de personal especializado propio, sino que el grupo de trabajo en su mayoría estuvo integrado por (agentes) externos”.
“En este contexto resulta que la Universidad actuó como marco institucional mientras tercerizaba las tareas de consultoría”, concluyó el organismo de control.
Lógicamente, el acuerdo no fue gratuito. La Auditoría reveló que, si bien el convenio expiró a fines de 2013, hasta octubre del año siguiente se habían erogado $6.205.089, de los cuales se justificaron $4.091.900.
Eso significa que, por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2015 se “encontraban pendientes de rendición $2.208.100”, es decir el 35,4% del total.
Y, en cuanto a lo que sí se rindió, la propia ACUMAR alertó sobre “inconsistencias” en un detalle de gastos presentado por la Universidad de La Matanza, por $ 1.432.300, entre las que destacó “falta de recibos de pagos y la imposibilidad de obtener la constancia de inscripción (al monotributo) de algunos proveedores”.
Como dato de color, el informe completa que “de la suma de las facturas presentadas por un proveedor, se constata que excede el permitido según la categoría de monotributo en la que se encuentra inscripto”.
Y al final, ¿el convenio sirvió de algo?
Más allá de estos hallazgos, la Auditoría quiso saber cuáles fueron los resultados del convenio analizado.
Como respuesta, encontró un informe elaborado por un Cuerpo Colegiado que comanda la Defensoría del Pueblo de la Nación, y que surgió luego del fallo de la Corte Suprema que obligó a sanear la Cuenca Matanza Riachuelo.
Según la Defensoría del Pueblo, el convenio no le permitió a la ACUMAR obtener información
Dice ese trabajo: “Las contrataciones realizadas con la Universidad Nacional de La Matanza para la detección de conexiones clandestinas, no posibilitaron que la ACUMAR cuente con información suficiente a fin de tomar las acciones necesarias que le permita llevar adelante controles sobre el estado de los desagües pluviales, que conducen tanto agua de lluvia como efluentes domiciliarios e industriales hacia el río y sus arroyos tributarios”.
Por su parte, los propios auditores completaron: “A la fecha de nuestro examen, no hemos recepcionado información o dictamen técnico que nos permitiera analizar la continuidad o no del referido al convenio, atendiendo a las sumas erogadas”.
