La visita se realizó el 3 de mayo y se recorrieron los servicios de Agudos hombres y Agudos mujeres y el Servicio de Atención en Crisis (SAC).

Según aseguraron, al día siguiente solicitamos al Juzgado Contencioso Administrativo número 3 medidas urgentes: que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires garantice los derechos de las personas alojadas en esos servicios y que no se permitan nuevas admisiones al hospital hasta que se terminen las obras edilicias pendientes.

El mes pasado, el CELS ya había estado en el SAC y encontraron condiciones edilicias deplorables, falta de higiene y, en particular, elementos de sujeción en las camas. Los edificios que alojan el SAC y los servicios de Agudos tienen que entrar en obras de reformas edilicias porque no tienen condiciones de habitabilidad, con partes del cielorraso caídas, roturas en las ventanas, filtraciones con riesgo eléctrico. La licitación está prevista recién para el segundo semestre de este año, señalaron.

El relator especial de las Naciones Unidas sobre tortura, Nils Melzer, también visitó esas salas en abril y dijo que, las secciones de Agudos, tanto para mujeres como para hombres, no pueden ser reparados, son totalmente inadecuados para albergar a seres humanos y deben cerrarse y reemplazarse de inmediato por instituciones adecuadamente equipadas y con el personal que corresponde, donde los pacientes con discapacidades psicosociales puedan vivir y ser tratados con dignidad y de conformidad con sus necesidades específicas.

Por las intensas lluvias que se sucedieron en las últimas semanas las autoridades del hospital debieron planificar de urgencia y de forma provisoria cómo darle respuesta. Como primera medida se trasladó a las 49 usuarias de Agudos mujeres a la Sala Carrillo. Pero no había un lugar alternativo donde alojar a los 24 varones, que estaban en condiciones humillantes e indignas, con riesgo para su vida, su integridad física y la atención en salud, indicaron desde el CELS.

Con este escenario de graves violaciones a los derechos humanos, los integrantes de la Mesa de Trabajo, el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental y la Secretaría de Derechos Humanos, analizamos como medida inmediata el cierre de las admisiones, por razones humanitarias, denunciaron.

Desde 2014 iniciamos acciones judiciales por la situación de abandono estructural en la que se encontraba toda la población del hospital psiquiátrico conocido como `Melchor Romero´, argumentaron y agregaron, el CELS, el Movimiento por la Desmanicomialización en Romero (MDR) y la Comisión Provincial por la Memoria veníamos denunciando el altísimo número de muertes, las prácticas manicomiales vejatorias que ponían en riesgo la salud y la vida de las personas internadas.