“A 15 años de su vigencia, la mayoría de los objetivos de la Estrategia Nacional de Residuos Sólidos Urbanos no fueron cumplidos, y (la iniciativa) no se actualizó para ajustarse a las distintas realidades provinciales y municipales del país”. 

Así se refirió la Auditoría General de la Nación (AGN) al plan destinado a implementar la Ley 25.916, y cuyas metas específicas “consisten en la reducción y valorización de los desechos, la clausura de basurales a cielo abierto y la difusión de información para contribuir al mejoramiento de la salud de la población”.

El organismo de control arribó a esta conclusión tras analizar la labor realizada entre enero de 2016 y agosto de 2018 por la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en la ejecución de la denominada Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU). 

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En esa línea, el informe aprobado este año señaló que “no se detectan avances en el desarrollo del objetivo Nº 1 de la ENGIRSU”, en referencia a que la Secretaría “no logró consensuar dentro del Consejo Federal de Medioambiente (COFEMA) un programa de minimización de la cantidad de residuos a generar y disponer, y de maximización de su valoración mediante las 4 R’s (reducir, reciclar, reusar y recomprar)”.

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“Tampoco hubo (avances) en el desarrollo del objetivo Nº 3, cuya meta consistía en tener entre 8 y 10 provincias con programas de adecuación a la GIRSU de sus sistemas de disposición final y clausura de basurales a cielo abierto en operación. Y la misma suerte (dixit) corre para el desarrollo del objetivo Nº 4, ya que los datos sobre residuos sólidos urbanos están desactualizados y cuentan con información del año 2010”, detalló la investigación. 

Sobre la actualización de la estrategia nacional, la Auditoría notó que “el Observatorio de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos fue discontinuado y, en las últimas reformas institucionales (una decisión administrativa de 2016 y dos de 2018), no fue incluido a pesar de su relevancia” para la elaboración de otra herramienta: el mapa crítico que, directamente, “no fue utilizado” por la Secretaría a la hora de “distribuir en forma más eficiente y equitativa los fondos” destinados a la iniciativa.

Y, si de recursos se trata, la AGN explicó que entre 2007 y 2015 la Estrategia tuvo dos tipos de financiamiento: el 77% de los fondos venían del Tesoro Nacional (la llamada fuente 11), y el 23% restante, de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, fuente 22). 

El tema es que, “durante el período auditado, el financiamiento de la Estrategia se realizó únicamente con fondos del BID”, sentenció el informe, en alusión a que otro de los elementos que se discontinuó entre 2016 y 2018 fue el aporte de la fuente 11.

“Al suspender el financiamiento con fondos propios, el Estado dejó de atender las necesidades de la mayoría de los municipios de menos de 20 mil habitantes” que, por eso, “no contaron con los recursos para adquirir los camiones recolectores necesarios que trasladen (los desechos) a los centros de separación y disposición final”.

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Lo que sí se hizo

Más allá de estos hallazgos generales, el informe de la Auditoría examinó el avance concreto de las obras que se ejecutaron durante el período en cuestión.

En ese sentido, “de los expedientes puestos a disposición, surge que la Secretaría no ha completado el financiamiento de todos los proyectos”, dice el informe, y especifica que “se observan retrasos en la construcción de la planta de separación de residuos y saneamiento de basurales a cielo abierto en la Ciudad de Formosa, aun cuando las necesidades de la provincia están explicitadas en el mapa crítico, que consta la ‘no objeción’ del BID”, que las obras en cuestión cuentan con la aprobación del estudio de impacto ambiental y hasta cumplimentaron el paso por las audiencias públicas. 

En Jujuy, por ejemplo, se descubrieron “falencias de diseño y problemas de accesibilidad” en el centro ambiental Chanchillos. Es que, según la AGN, “no se contempló la problemática hidrológica en la zona, ya que existe una erosión hídrica del terreno por las crecidas del arroyo Los Sauces, que provocan roturas en el cerco perimetral del predio”. Además, el camino linda con el basural a cielo abierto de Palpalá, con presencia y cruce de “gran cantidad de porcinos” que se alimentan en el lugar. 

Cuatro de cada 10 habitantes del país no tienen una cobertura adecuada de disposición final de residuos.

Eso no es todo: los técnicos se encontraron con que el complejo “también atraviesa el río Los Alisos, cuyas crecidas impiden el cruce y el tránsito regular de los camiones y vehículos”, y completaron: “Al momento de realizar la verificación in situ, el centro ambiental Chanchillos no estaba operativo, el relleno sanitario se encontraba anegado y con parte de sus membranas al descubierto”.

Esto, a su vez, también impactó en San Pedro que, si bien contaba con su planta de transferencia, separación y clasificación construida, no podía utilizarla, ya que no tenía dónde depositar los residuos no reciclados que deberían ir a Chanchillos.

En relación al basural a cielo abierto de Palpalá, la Auditoría contó que “las obras no se han realizado” porque “la provincia no cuenta con la titularidad dominial del predio donde se proyectó” el trabajo. 

Y tampoco se hicieron obras en el basural de El Pongo donde, al momento de la visita de los técnicos, “funcionaba un vertedero, cuyo único tratamiento, a cargo de las autoridades municipales de Palpalá, consistía en enterrar la basura proveniente de distintas localidades, y luego cubrir con tierra”. 

Es más, en el lugar se hallaron “sectores donde se entierran residuos patogénicos sin membrana protectora”.

Algunos números

Para entender la magnitud del tema, la AGN detalló que “existen cerca de 5.000 sitios de disposición final irregulares (por ejemplo, basurales a cielo abierto) que ocupan unas 8.600 hectáreas, y los relevamientos indican que alrededor del 39% de la población de Argentina aún no está cubierta por el servicio de disposición final adecuada de sus residuos”.

De ese contexto “se desprende que las mayores necesidades de gestión (aparecen) en las regiones NEA y NOA, tanto en cobertura de relleno sanitario, como de sistemas de recolección”. Y también se evidencia “la baja cantidad de municipios con plantas de separación o con un incipiente sistema de recolección diferenciada, que genera una baja recuperación de reciclables y orgánicos, circunstancia clave para promover prácticas de economía circular”.

Asimismo, para 2018 en el marco de la Estrategia Nacional existían 18 proyectos de inversión, de los cuales “solo tres se ejecutaron”: el relleno Sanitario y una planta de recuperación de materiales para el Área Metropolitana de Catamarca (100%); los mencionados trabajos en Jujuy (80%); y la Planta de Separación de Residuos, Relleno Sanitario, Saneamiento de Basural a Cielo Abierto y Obras Complementarias en Viedma, provincia de Río Negro, que muestra una ejecución del 90%.

Desde el aire

La particularidad de este informe de la AGN es que las verificaciones in situ se realizaron con drones. Ese material, correspondiente a las provincias de Jujuy y Catamarca está disponible en internet.