Publicado en el suplemento

Acciones para la Participación Ciudadana de Diario Perfil

Con la disposición del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) el 19 de marzo, la recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos fue reconocida como una actividad esencial en la emergencia sanitaria. Desde ese tiempo a esta parte, diversos conflictos se desarrollaron alrededor de la gestión de residuos, uno de los grandes problemas ambientales de las principales ciudades del mundo. ¿Cómo era la administración de los residuos antes de la crisis del COVID-19? ¿Qué visibilizó la pandemia? ¿Cuáles son los principales desafíos?

Residuos Sólidos Urbanos.

De acuerdo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, la palabra “residuo” refiere a “todo elemento, material, objeto o sustancia que como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas es desechado o abandonado”.

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), también conocidos como domiciliarios, pueden ser de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por normas específicas. En Argentina, el manejo de los RSU está regulado por la Ley Nº 25.916 que establece los presupuestos mínimos para su administración y designa a los municipios como los principales responsables de su gestión.

Según los datos de la cartera ambiental, la población argentina, altamente concentrada en el sector urbano (90%), genera 1,15 kilogramos de RSU diarios por habitante y cuenta con una cobertura de recolección del 99,8%. El 54% de la población recibe este servicio de manera tercerizada y el 46% restante, como prestación municipal directa.

Del total de los desechos recolectados, el 64,7% se deposita de manera permanente en Rellenos Sanitarios (RS), mientras que el 24,6% en basurales a cielo abierto y el 9,9% en vertederos controlados.

Cabe destacar que la disposición final en RS esconde inequidades geográficas. Esta cobertura es menor en las regiones Norte (50,1%) y Cuyo-Mesopotamia (15,2%), siendo en el resto del país del 79,4%.

Asimismo, el almacenamiento definitivo de los residuos de poco menos de la mitad de la población es atendido mediante servicio municipal directo, mientras que los contratos de servicios cubren al 24% y otras modalidades, al 31%.

Las plantas de separación existen en las principales áreas metropolitanas y se está desarrollando una industria para el procesamiento de los residuos recuperados (plásticos, vidrios, papel y cartón), los cuales son mayormente recolectados por trabajadores informales, tanto en la vía pública como en sitios de disposición final.

Del total de los desechos recolectados, el 64,7% se envía a rellenos sanitarios; el 24,6%, a basurales a cielo abierto; y el 9,9% a vertederos.

La estructura normativa nacional detrás de la gestión de los residuos es compleja, difusa y, algunas veces, contradictoria. De acuerdo a un análisis de la cartera ambiental de 2016, la ausencia de una ley que se focalice en la gestión de los residuos de modo general incrementa el riesgo de interpretaciones contrapuestas sobre principios comunes y lineamientos generales. Además, se trata de un sistema desactualizado a la luz de la Reforma Constitucional de 1994 “que reconoce a las leyes de presupuestos mínimos como la herramienta para regular en materia ambiental a nivel nacional”, señala el informe.

El mismo análisis recomienda y propone el desarrollo de un marco legal que permita incorporar las referencias normativas internacionales en la materia, la experiencia del derecho comparado y la legislación de las provincias de modo armónico. Cualquier acción en ese sentido “requerirá de un gran esfuerzo mancomunado entre el poder ejecutivo y legislativo”, advierte el mismo documento.

Gestionar en pandemia

En diálogo con Acciones, Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, consideró que la pandemia visibilizó “la crisis entre el modelo económico y productivo y la naturaleza”. A la hora de referirse a los desechos, subrayó que los más de 5.000 basurales a cielo abierto en Argentina tienen que dejar de ser “un modelo de respuesta para la gestión de los residuos”.

En ese sentido, destacó la importancia del rol que debe asumir el Gobierno nacional: “Si el problema es prácticamente idéntico en toda la Argentina, el Estado nacional no debe ausentarse ni escudarse en el tratamiento de los municipios”, remarcó el viceministro, haciendo hincapié en las profundas desigualdades de los gobiernos locales.

La preocupación por la administración de los desechos patogénicos, que aumentaron por obvias razones, fue otra de las problemáticas relacionadas con la pandemia. Al respecto, Federovisky señaló: “Advirtiendo la situación internacional, adecuamos el sistema y nos preparamos para el tratamiento correcto de este tipo de residuos”. En este sentido, el Ministerio creó un Comité de Crisis, en la órbita de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, que resolvió activar, junto con las autoridades provinciales a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), el protocolo de respuesta ante eventuales incidentes o necesidades que pudieran surgir en el manejo de sustancias y residuos patogénicos.

De este modo, se dictó la Resolución 99/2020, que requiere a las autoridades provinciales informar los operadores de residuos patológicos o patogénicos que figuren en sus registros locales, con el objetivo de conformar una red de contención ante la emergencia sanitaria. Por su parte, la Resolución 120/2020 estableció el procedimiento para la gestión de residuos patogénicos de generación eventual en establecimientos de salud, en el marco de la Ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos.

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