La Ley de Financiamiento Educativo no se cumple y solo en 2015 la inversión en educación alcanzó su meta del 6% del Producto Bruto Interno (PBI). Los datos corresponden a un informe que el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) publicó en agosto de este año. “Necesitamos mejor información para poder asignar con más eficiencia y eficacia los recursos”, explicó Agustín Claus, especialista en economía de la educación y autor del estudio.

El informe analiza la inversión educativa del Estado entre 2005 y 2019, periodo al que, para el análisis, fue dividido en dos. El primero va desde 2005 a 2010, donde las asignaciones presupuestarias crecieron. Pero en los siguientes años el ritmo de inversión se desaceleró oscilando en torno a los 5,5% del PIB y en 2019 la inversión consolidada alcanzó apenas el 4,8% del PIB.

Financiamiento Educativo, una década de incumplimiento

La Ley 26.075 establece el incremento de la inversión en educación, ciencia y tecnología por parte del Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el porteño hasta alcanzar una participación del 6% en el Producto Bruto Interno en el año 2010, exclusivamente para el área educativa. “Se incumple hace 10 años y sólo se cumplió de manera excepcional en 2015 en un contexto electoral, donde hubo un incremento muy particular”, aseguró Claus.

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En los últimos quince años la inversión nacional se concentró en fondos salariales y los recursos para programas educativos se limitaron. En 2019 se destinaron el 85% al pago de salarios docentes y un 15% a programas e infraestructura. Estos últimos, para Claus, “son la principal herramienta para disminuir las desigualdades educativas provinciales. Y aunque Nación se retiró un poco de su responsabilidad, si no existiera, las inequidades serían mayores”.

“Es necesario sostener los programas educativos nacionales, mejorándolos a través de criterios que reconozcan necesidades particulares, porque va a permitir con criterios distributivos mejorar esa desigualdad estructural que hay en el sistema educativo”, agregó el especialista. En un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Argentina es el país, entre  Ecuador, Chile, Brasil, Colombia y Perú, que peor distribuye su inversión educativa. 

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Según el Presupuesto 2021, para el año próximo, el Estado destinará un 1,3% del PBI estimado al área. “Volveremos a poner en valor a la educación pública argentina a través del fortalecimiento de la infraestructura física y digital, la conectividad de las y los niños y la formación y capacitación docente”, señaló el documento. La inversión proyectada para es de $ 483.000 millones. En 2019 la inversión nacional del PBI en educación fue del 1,1%, según CIPPEC.

Control

A la hora de analizar los resultados del financiamiento educativo, Claus remarcó una carencia: “no hay una rendición de cuentas respecto de los gastos, no tenemos una accountability que podamos demostrar o publicar. En la Cuenta Anual hay metas físicas, lo que no hay posibilidad es de controlar con lógica de costos: no sabemos, por ejemplo, cuántas becas se entregaron, con qué precios, con qué fondos promedio. No podemos vincular los recursos con las ejecuciones físicas, para conocer en qué se gastó efectivamente”, enfatizó.

Para mejorar sistema de financiación educativa es necesario tener mejor información a nivel federal: “que nos permita asociar recursos con acciones de políticas educativas y con los efectos que generan, que permita desagregar en 24 jurisdicciones los recursos nacionales. Es importante para utilizar de mejor manera estos fondos que sabemos que son escasos”, finalizó.