Frente a la frase “donde existe una necesidad, nace un derecho”, dicha por Eva Perón hace 70 años, el Gobierno porteño parece querer redoblar la apuesta y decide brindar servicios sin saber bien cuál es el problema que debe solucionar.

A esa conclusión llegó la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) tras analizar la gestión 2016 del programa de Senderos Escolares. 

Es que, según el organismo de control, “no hay constancia de elementos de análisis objetivo que justifiquen el desarrollo” de la iniciativa. 

Es más, la AGCBA remarcó en su informe que “no hay estudios de diagnóstico que determinen cuál es la problemática (SIC) a resolver, ni justificación de las medidas adoptadas, como así tampoco seguimientos de evolución ni estadísticas que midan el impacto del programa”. 

Para entender la magnitud de la iniciativa, el relevamiento detalló que en 2016 hubo “31 senderos seguros, alcanzando una cobertura de 244 escuelas entre públicas y privadas, con un total de 102.620 alumnos”.

Senderos escolares, el programa sin justificación

Los técnicos enmarcaron su conclusión en una cuestión más amplia: “Este programa padece las carencias que tiene la mayoría de los (proyectos) volcados a la Seguridad Pública. Esto es la ausencia de un adecuado diagnóstico que permita conectar el problema detectado con las medidas planificadas para prevenirlo o mitigarlo”. 

Y así, “sin un correcto diagnóstico, basado en estadísticas y estudios objetivos, no solo no se justifican los recursos utilizados, sino que tampoco se puede hacer un adecuado seguimiento del impacto de las medidas adoptadas”, explicaron los auditores.

"El programa padece las carencias que tiene la mayoría de los proyectos de seguridad", dijo el informe. 

Asimismo, si bien la AGCBA reconoce que “es deseable la presencia del Estado, a través de los Senderos Escolares, como mecanismo de prevención del delito”, observó que, en este caso, “no hay establecidos procedimientos de control sobre los recursos destinados y los resultados obtenidos. En resumen, sobre el impacto del programa”.

Frente a este panorama, el organismo de control recomendó “elaborar y difundir elementos de análisis objetivo que justifiquen el desarrollo del programa”, como diagnósticos previos, seguimiento del problema que se debe atender y medición de los resultados de la iniciativa. 

Por otra parte, y pese que hay una ley que lo dispone, el informe reveló que “no hay constancia de la publicación y actualización en el sitio web (del Gobierno porteño) del resultado de la Encuesta Anual de Victimización de la Ciudad por parte de la Dirección de Diagnóstico y Diseño de Prevención de Información Temprana de la Seguridad”. 

Para completar el cuadro, los auditores notaron que el 64,7% del personal que cumple tareas críticas de prevención en el terreno “no reviste en planta permanente”. Se contaron en esta condición unos 132 agentes sobre un total de 204.