Turismo social: tras las obras, creció la cantidad de turistas en los hoteles

En tiempos de bolsillos flacos, las Unidades Turísticas de Embalse (UTE) y Chapadmalal (UTCH) fueron la alternativa para que trabajadores, jubilados o estudiantes también disfruten de sus vacaciones. Los centros, fundados a mediados del siglo pasado, se erigieron como los símbolos del turismo social en el país y los que les permitieron a muchos alojarse, por pocos pesos, frente al mar o en las sierras.

La Auditoría General de la Nación (AGN) analizó el desarrollo de las Unidades, durante enero de 2018 y diciembre de 2022, y observó algunas mejoras en la planificación y gestión, como así también en el sistema de asignación de plazas para ciudadanos. Esto se reflejó en el número de turistas que se alojó en los hoteles y que, según el informe, representó un incremento de más del 83% en 2022 (89.214 personas) con respecto a 2018 (48.679 beneficiarios).

Sin embargo, la AGN también detalló que la llegada de turistas tuvo resultados diferentes en las unidades turísticas. Mientras que en Chapadmalal los trabajos realizados para el mantenimiento de unos espacios y la reapertura de otros, como la recuperación para el turismo social de los Hoteles 7 y 8 que estaban siendo usados por el Ministerio de Seguridad, permitieron un incremento de la oferta y la demanda; en Embalse (Córdoba), las obras no se terminaron, imposibilitando ese aumento. 

Además, sobre el estado de los edificios, encontraron varias irregularidades. En el informe se indicó que en la UTCH había sustancias peligrosas en equipos o materiales de revestimiento como asbesto en cielorrasos y en tanques de agua, gases fluorocarbonados en equipos de refrigeración de las cocinas, y cañerías de plomo. También pasivos ambientales provenientes de un tanque de combustible subterráneo para el funcionamiento de las calderas.

En tanto, en la Evaluación de Impacto Ambiental del Hotel 5 de la UTE se detectaron sustancias peligrosas como asbesto. Al respecto, se indicó que el Ministerio que estaba a cargo no realizó las evaluaciones necesarias para conocer si esta situación se replicaba en los otros edificios para tomar medidas.

Presupuesto y personal

Las obras para la puesta en valor y de mantenimiento en los hoteles de Chapadmalal y Embalse fueron financiadas a través del Programa 18 del Plan Federal de Turismo Social, bajo la órbita del entonces Ministerio de Turismo y Deporte (MTyD); y del Programa 22, de financiamiento internacional. 

Mediante el Programa 18, la asignación presupuestaria al turismo social se incrementó: en 2018 el crédito inicial fue de $307.555.272, en 2022 alcanzó $1.426.873.047. En tanto, entre 2021 y 2022 el crédito asignado fue ejecutado casi en su totalidad, mientras que entre 2018 y 2020 hubo una ejecución presupuestaria menor que osciló entre el 69,54% y el 88,61%. La baja de 2020 fue debido a la pandemia por Covid-19.

En lo que refiere al Programa 22, se otorgó un crédito internacional a través del Fondo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) para la puesta en valor de dos hoteles que permanecían cerrados: el Hotel 3 de Chapadmalal, por un monto inicial de $84.083.224, y el Hotel 5 de Embalse - Córdoba, a través del proyecto 02 por un monto inicial de $95.046.466.

Según el informe de la AGN, los trabajos hechos en el complejo de Chapadmalal aumentaron el 66,95% de la capacidad hotelera en diciembre de 2022. Esto permitió que se sumaran 1.299 plazas para turistas con respecto a 2018 (de 1.940 plazas en 2018 a 3.239 en 2022). En tanto, en las unidades de Embalse, el número de plazas disponibles se mantuvo constante hasta 2022. A partir de entonces se produjo una reducción de 172 plazas (equivalente a una disminución del 17,30%). Pasó de 994 plazas en 2018 a 822 en 2022. Esto fue porque en 2021 se produjo un incendio en el Hotel 4 que lo dejó fuera de funcionamiento.

Todas las obras desarrolladas fueron terminadas salvo tareas de mantenimiento en los Hoteles 3 y 6 de Embalse que avanzaron del 72,52% y 32,13% respectivamente. Esto fue porque se pidió renegociar los precios de las empresas.

En cuanto al personal, la reapertura de hoteles y el crecimiento de plazas representaron una mayor cantidad: se pasó de 68 personas contratadas en 2018 a 189 en 2022. Desde la AGN detectaron que existían jefaturas sin designación de cargos en el complejo de Embalse. Y que hubo un bajo cumplimiento de la capacitación contemplada en la Ley Micaela.

La gestión de las reservas

Para conseguir una plaza en alguno de los hoteles, había dos instancias para anotarse durante el periodo auditado: primero, podían inscribirse personas consideradas prioritarias para el acceso al Turismo Social, es decir, personas con discapacidad, con un ingreso mensual menor o igual a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles, y veteranos de guerra del Atlántico Sur. Luego se abría un segundo llamado para quienes no cumplían esos requisitos. 

También desde el Ministerio de Turismo se desarrollaron planes o programas para la asignación de alojamientos como algunos universitarios, para adultos mayores, estudiantes, entre otros. A partir de diciembre de 2022 se implementó un nuevo sistema de reservas, llamado Turismo Social Argentina, que dividió las reservas de plazas en Plan Particulares; Plan Eventos y Plan Instituciones.

Al final del período auditado, la AGN indicó que no existía una norma de procedimientos actualizada de la Dirección Nacional de Turismo Social (DNTS) que se adecue al nuevo sistema de asignación de plazas, estandarice procesos de trabajo, facilite el seguimiento de las actuaciones y brinde mayor transparencia.

Por otra parte, si bien durante el período auditado la ocupación de personas con discapacidad en el MTyD se incrementó de 1,56% a 1,84%, el aumento no alcanzó el 4% para cumplir con la Ley 22.431 y la Ley 25.689.

Fallas en la seguridad y en el servicio

Durante las visitas realizadas por los auditores a los complejos, observaron que no había control de acceso a los predios ni de Córdoba ni de Chapadmalal. En la UTCH no había un servicio de vigilancia y seguridad, mientras que en el Hotel 5 de la UTE se encontraba ocupado por intrusos y los hoteles 3 y 6 vandalizados, a pesar de existir un servicio de vigilancia y seguridad brindado por Gendarmería Nacional.

También se advirtió que el servicio médico no se limitaba a la atención del turista, sino que prestaba servicio a los barrios y zonas aledañas de cada UT. En cuanto a higiene y seguridad, encontraron que en el sector de suministros de la UTCH, donde se almacenan los bienes de consumo y uso, las condiciones no fueron las adecuadas, ya que el techo estaba dañado, evidenciándose filtraciones de agua. Además, las formas de acopio y resguardo de elementos como colchones tampoco eran las correctas.

Los documentos sobre las tareas de mantenimiento e higiene y seguridad tampoco estaban organizados ni completos. En la UTCH no había documentación del período 2018-2020 de comprobantes de control de plagas, mantenimiento de ascensores, limpieza de tanques y desinfección. Tampoco de mantenimiento de ascensores. 

En la UTE, no se presentó la habilitación municipal de los hoteles ni de ascensores, tampoco comprobantes de limpieza de tanques, desinfección de plagas ni controles bromatológicos.

Sin planes ni metas claras

La Auditoría advirtió que, si bien hubo procesos de mejoras, no se cumplió con un plan de turismo social tal como lo estipula la Ley 25.997, ni registraron objetivos establecidos o un programa de gestión integral para el funcionamiento de las unidades turísticas.

La Dirección a cargo del turismo social tampoco contaba con herramientas de diagnóstico ambiental que guíen y faciliten la toma de decisiones y permitan elaborar planes integrales para una gestión sustentable. No se observaron diagnósticos para planificar acciones de manera sostenible. Sólo se registraron estudios de impacto ambiental para las obras que se ejecutaron con financiamiento internacional FONPLATA, es decir, en el Hotel 3 de la UTCH y Hotel 5 de la UTE.

Finalmente, el informe de auditoría concluye que “la continuidad del programa no sólo permite ampliar las oportunidades de acceso a prácticas turísticas de calidad para los sectores más postergados de la sociedad, favoreciendo el desarrollo de las economías locales a través de la generación de empleo; sino que resulta esencial para la custodia y conservación del Estado Nacional de su patrimonio histórico y cultural en cumplimiento de la Ley 12.665”.