Más allá de los U$S 5.000 millones pautados con la petrolera Repsol como resultado de la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF, la empresa española se asegurará cobrar unos U$S 400 millones anuales por las próximas dos décadas sólo, en concepto de intereses. 

Esto ocurrirá, en caso de que el acuerdo sea aprobado por el Congreso de la Nación, porque el paquete de bonos de deuda que intervendrán en la operación tiene un rendimiento promedio del 8% anual.

Los “paquetes” de bonos

Según el acuerdo en cuestión, el mecanismo de compensación se pagará con la emisión de títulos soberanos de deuda cuya colocación deberá garantizar a Repsol unos U$S 5.000 millones en concepto de indemnización por la expropiación del paquete accionario que estaba en manos de la petrolera española.

El endeudamiento en dos paquetes de bonos, uno fijo y el otro complementario. En el primer caso, la cartera estará compuesta, en gran parte, por U$S 3.250 millones de un nuevo bono llamado Bonar 2024, que tendrá una tasa de interés de 8,75%. Esto representa un 65% del total de la colocación de este paquete fijo.

Además, unos U$S 500 millones saldrán a partir de la emisión de Bonar X, con vencimiento en 2017 y una tasa del 7% anual. Y el paquete se completa con unos U$S 1.250 millones del título Discount (que será ampliado tras su utilización en los canjes de deuda de 2005 y 2010, que vencerán en 2033, tendrán un rendimiento del 8,28% e interés capitalizable. Así se completarán los U$S 5.000 millones del acuerdo con Repsol.

Sin embargo, aparece un paquete complementario, que será como una garantía que asegure a la empresa española recibir la compensación por la expropiación. 

Este segundo grupo de títulos tendrá un tope de U$S 1.000 millones, y estará conformado, en primer lugar, por U$S 400 millones de bonos Boden 2015, que vencerán el año que viene, con una tasa de interés del 7%.

Asimismo, habrá dos papeles más. Por un lado, una emisión adicional de los Bonar X, por U$S 300 millones, con vencimiento en 2017 y un rendimiento del 7%; y, por el otro, U$S 300 millones de emisión –también adicional- del denominado Bonar 2024, que vencerán en 10 años y tendrá una tasa de interés del 8,75%. 

Los U$S 5.000 millones, un “techo” para Repsol y un “piso” para la Nación

El acuerdo de la expropiación del paquete accionario de YPF tiene una particularidad. Según el propio ministro Kiciloff: “Por la venta de los bonos producto de la indemnización o por el cobro del capital, la firma Repsol nunca va a poder recibir una suma superior a los U$S 5.000 millones". 

El tema es que, si se hiciera necesario hacer uso de la cláusula del llamado paquete complementario, el Estado nacional deberá devolver de todas maneras un monto de U$S 6.000 millones en concepto de capital, al que habría que sumarle los intereses.

En ese sentido, el flujo de pagos futuros de esas colocaciones de títulos públicos, tanto por capital como por intereses, comenzaría el año que viene, con unos U$S 645 millones. 

Entre 2016 y 2019, se pagarán U$S 1.840 millones. Y desde 2020 hasta 2023, habrá que afrontar el grueso de la deuda, con desembolsos por U$S 4.370 millones. 

Los pagos culminarán en el período 2024-2033, con la cancelación de U$S 3.105 millones. Lo que quiere decir que, sólo por el paquete fijo, la suma de estos flujos de desembolsos totaliza unos U$S 9.960 millones. 

En tanto que, si se suma el paquete complementario, el monto en cuestión alcanzará la suma de U$S 11.365 millones. 

¿Por qué Repsol está conforme con el acuerdo?

Ahora bien, si aquella suma de U$S 5.000 millones representa un techo para Repsol, cabe preguntarse, a partir de los números en cuestión, ¿por qué el acuerdo fue aceptado por la empresa española?

La respuesta puede encontrarse en la propia modalidad de pago. Es que si la indemnización por la expropiación se hubiera cancelado con reservas del Banco Central de la República Argentina, Repsol se hubiera visto –por lo menos- ante tres posibilidades de inversión. 

Primeramente, la petrolera podría colocar los U$S 5.000 millones en bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 30 años, lo que le reportaría un rendimiento anual del 3,6%. 

En segundo lugar, la inversión podría ir, también a bonos del Tesoro estadounidense, pero a 10 años, que rinden el 2,75 anual. 

O bien, en una operación menos tradicional, Repsol tendría la posibilidad de colocar la inversión en Bolivia, con lo cual obtendría un 4,5% anual por la obtención de bonos soberanos de ese país, ya que, en materia de posicionamiento en los mercados internacionales, la hermana nación se encuentra en mejor situación que la Argentina.

Pero, y aquí la calve de la operación, la petrolera española recibe un paquete compensador que le asegura en los próximos 20 años un flujo de intereses que, en promedio, supera una rentabilidad del 8%, que equivalen a una cifra que oscila entre los U$S 400 y los U$S 430 millones anuales, con el recupero del capital de U$S 5.000 millones durante el mismo período. 

En otras palabras, como si hubiera recibido la parte de la empresa con la ganancia asegurada por el doble de rentabilidad, pero sin los riesgos de explotación de capital físico, humano y financiero que conlleva la actividad petrolera.

El riesgo argentino

Si el acuerdo se concretara, tras la eventual aprobación del Congreso nacional, el país se expone a un riesgo, que está relacionado con aquél paquete complementario de bonos.

Es que si fuera necesario emprender la emisión adicional de este conjunto de títulos de deuda, será para compensar las posibles pérdidas que tendría Repsol al salir a vender al mercado financiero los bonos que reciba. 

Esto quiere decir que, en toda la operatoria, el riesgo de mercado será asumido por la Argentina, y no por la empresa petrolera española.

Esta situación se ve alimentada por otro factor, y es que el acuerdo por la expropiación no incluye ninguna cláusula que le impida a Repsol  –o, en todo caso, que le imponga plazos-, la posibilidad de vender sus bonos. 

Y, en función del comportamiento del mercado financiero, si la empresa decidiera ofertar lotes importantes de sus títulos, podría modificar sensiblemente los precios de los bonos soberanos, llevándolos a la baja, por un “efecto arrastre”. 

Como consecuencia de la caída del valor de los bonos, se registraría un incremento del llamado Riesgo País, lo que impactaría en la confianza hacia la economía argentina, además de una suba en los costos.

Mañana, el ministro Kiciloff  irá al Senado de la Nación a dar detalles del acuerdo.