En diciembre de este año, días después de la asunción del próximo presidente, se cumplirá una década de uno de los anuncios más rimbombantes de la historia económica argentina: la cancelación, en un solo pago, de la deuda que el país mantenía con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, aquella medida valorada como “histórica” consistió, en realidad, en un cambio de acreedor. Es que fue el Banco Central de la República Argentina (BCRA) el organismo que le dio a la Nación los casi 10 mil millones de dólares para efectuar aquel pago a cambio de unas letras intransferibles, inaugurando así uno de los mecanismos de financiación más utilizados desde la crisis de 2001.

Esto quiere decir que el compromiso sigue existiendo, sólo que en lugar de engrosar la histórica y genéricamente llamada “deuda externa”, pasó a formar parte de lo que en la actualidad se conoce como “deuda intra-sector público”, es decir, los préstamos que el Estado se hace a sí mismo.

Pero eso no es todo. Aquellas letras que recibió el Central a cambio de sus reservas, y que por ser “intransferibles” no pudieron ser vendidas a ningún tercero durante diez años, vencerán en los primeros días de 2016, justo cuando el próximo Jefe de Estado esté iniciando su mandato.

Letras

La deuda intra-sector público, en rigor, nació ni bien la Argentina defaulteó su deuda, en el aciago final de 2001. Se trató, en principio, de un préstamo casi de emergencia por U$S 1.079 millones que fue devuelto doce meses después y, desde entonces, es renovado e incrementado sistemáticamente. La metodología se volvió tan habitual que, en 10 años, aquella operación inicial creció un 1.548% y para 2012 ya alcanzaba casi 18 mil millones de dólares.

En el medio, con el pago de la deuda al FMI -anunciado el 15 de diciembre de 2005- se produjo por primera vez la emisión de Letras Intransferibles. Son promesas de pago en un plazo previsto (con o sin intereses o comisiones, según las condiciones), a cambio de dinero que, en el caso del Central,  consiste generalmente en divisas provenientes de sus reservas de libre disponibilidad. Esos papeles pasan a formar parte del activo del banco hasta su cancelación que, en el caso mencionado, debería producirse a principios del año que viene (ver: Vencimientos).

Pasó el tiempo y, ya en 2010, el Estado concluyó que los intentos de obtener divisas mediante el financiamiento del mercado externo de capitales no darían los resultados esperados. Así se creó, tras la modificación de Carta Orgánica del BCRA, lo que dio en llamarse el Fondo de Desendeudamiento Argentino (FDA), es decir la metodología de emitir Letras Intransferibles, que registró un marcado incremento desde entonces, con la consiguiente “des-acumulación” de reservas en moneda extranjera del Central, destinadas a atender las obligaciones contraídas con organismos multilaterales de crédito.

Números

Los últimos datos oficiales que se tienen respecto de la deuda pública corresponden a la Cuenta de Inversión de 2013.

Allí figura que la deuda total Argentina asciende a U$S 208.000 millones, unos 10 mil millones de dólares más que el año anterior, lo que representa un 41% del Producto Bruto Interno (PBI).

Siempre según los números de 2013, la deuda intra-sector público es de U$S 121.000 millones, es decir, unos U$S 6.233 millones más que la marca de 2012, y un monto que equivale al 58% de todo lo que adeuda el país.

Lo que quiere decir que de cada 100 pesos que deben, 58 fueron prestados por el propio Estado nacional.

En cuando a cómo se conforma la deuda intra-sector público, son casi 20 los organismos que le han prestado fondos al Tesoro Nacional durante los últimos años.

De esos, hay tres entes que aportaron prácticamente el 98% de la deuda intra-sector público: el Banco Central (62%), la ANSES -mediante los recursos de su Fondo de Garantía de Sustentabilidad (29%), y el Banco de la Nación Argentina (7%).

La participación del BCRA se da mayoritariamente mediante dos herramientas: las mencionadas letras intransferibles a cambio de divisas -para afrontar vencimientos con organismos extranjeros-, y los adelantos transitorios, que son préstamos de corto plazo, como el solicitado tras el default de 2001.

Como ya se dijo, la emisión de letras intransferibles se incrementó ostensiblemente desde 2010 con la creación del Fondo de Desendeudamiento Argentino. De hecho, en aquel año las letras representaban el 21% de la deuda intra-sector público pero, al cierre de 2013, esa proporción pasó al 36% y ascendió a los 43.560 millones de dólares.  

En tanto que los adelantos transitorios, que en 2002 representaban sólo el 0,2% del Producto Bruto Interno, se incrementaron unas 28 veces hasta alcanzar, al cierre de 2013, los U$S 28 mil millones que equivalen, por un lado al 5,5% del PBI y, por el otro, al 23% de toda la deuda intra-sector público.

Necesidad, ventajas y desventajas

La deuda intra-sector público puede ser considerada una necesidad por dos motivos fundamentales. En primer lugar, por el contexto de urgencias en el que surgió y su posibilidad de mejorar la situación financiera del país en el corto plazo. Y, en segundo, por el hecho concreto de tener vedado al acceso al crédito externo, derivado del default de 2001, y la necesidad de cumplir los compromisos contraídos con organismos multilaterales.

Asimismo, entre las ventajas de esta forma de financiamiento está la chance de renovar parcial o totalmente el endeudamiento en cuestión, mediante una metodología conocida como roll-over. Y también el hecho de que los acreedores con los que se negocia son, en rigor, “amigables”, ya que forman parte del mismo Estado.

Con respecto a las desventajas, aparecen dos conceptos propios de la deuda intra-sector público. Por un lado, el de capacidad de pago, que se refiere a la disponibilidad financiera de un gobierno para financiar los “baches” fiscales que podrían surgir de la ejecución presupuestaria.

Y, por el otro, el concepto de sustentabilidad, que supone que cada nuevo endeudamiento se realice en condiciones que permitan un adecuado flujo de pago mientras se cancele ese compromiso. Es decir, que no se torne insostenible la devolución del dinero por la acumulación de capital e intereses de la deuda.

En este caso, si bien la capacidad de pago en el corto plazo se muestra sin grandes dificultades (por el uso mismo del roll-over, coloquialmente ‘patear para adelante los vencimientos’), no se debe perder de vista que las letras intransferibles que recibe el Banco Central equivalen a la desacumulación de reservas.

Y teniendo en cuenta que, por diversas variables, los mecanismos alternativos de generación de reservas no han alcanzado para cubrir ese uso de divisas, la profundización de la emisión de letras intransferibles podría comprometer en el mediano plazo la sustentabilidad de la deuda intra-sector público. 

Vencimientos

Casi el 80% de la deuda intra-sector público vencerá en los próximos ocho años, hasta el 2023, mientras que el resto se reparte entre 2036 y 2045, cuando venza el Bono Cuasipar, surgido del canje de 2005.

Estos papeles son pagaderos en pesos y ajustados por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia que sigue los pasos del IPC -Indice de precios al consumidor- elaborado por el INDEC). El 99,9% de los Cuasipar se encuentra entre los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES por un valor de aproximadamente U$S 12.000 millones.

Pero antes, en 2016, vencerán las letras que originaron esta nota, las que sirvieron para pagar al FMI. Lo que resta saber es si el próximo presidente saldará ese compromiso o, como se viene haciendo en los últimos años, aplicará el ya conocido roll-over.